8 de noviembre de 2012 - 00:00
Avanza la expropiación de un barrio de Aconquija
El proyecto tiene media sanción en el Senado. Esperan que los diputados lo traten antes de fin de año.
La empresa argumentó que el dueño de esas tierras le pidió hacer un cambio de terreno. Después se comprometía a devolverle el sitio que había sido acordado en la licitación. Pero sólo fue un acuerdo verbal. La firma manifestó que confió en la palabra de un particular, pero el Estado tenía que hacer el seguimiento muy de cerca. Para evitar la construcción en el terreno que no corresponde se debería haber exigido que se haga la trasferencia, expresó.
Por otra parte, Gutiérrez dijo que está trabajando para buscar una solución cuanto antes, al margen de los pasos que realice la Justicia para investigar la irregularidad.
Finalmente, Gutiérrez confirmó que junto a los senadores del FV y del FCS se elaboró un proyecto para la expropiación del terreno que ya tiene media sanción de ese cuerpo. Solicitamos la expropiación y el proyecto está en Diputados para que se trate este año. Una vez expropiado iremos a juicio y la provincia pagará la expropiación de acuerdo con el valor fiscal.
Aseguró que la Secretaría está abocada para que esta situación se resuelva porque, según dijo, existe un gran déficit habitacional para solucionar.
Fiscalía de Estado actuó por los vecinos
Por su parte, la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado, a cargo Lorena Bulacio, abrió la investigación sobre la construcción del barrio del IPV en Aconquija.
La investigación se inició a través del programa de Participación Ciudadana, de esa Fiscalía, luego de que los vecinos de Aconquija pusieran en conocimiento del organismo estas supuestas irregularidades. Se encuentran sospechados ex funcionarios de la gestión del FCS, entre ellos, el arquitecto Eduardo Brizuela del Moral (h), al haber permitido el inicio, certificación y pago de las distintas etapas de dicho barrio, aún a sabiendas de que su construcción se realizaba desde un inicio en un inmueble distinto al programado originalmente en la licitación pública por la que se adjudicó a la constructora, señalaron los letrados de la Fiscalía.
El organismo remitió la solicitud de intervención a la Justicia Penal y la constitución de abogados del Estado como querellantes en la causa.
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