Tres cooperativas estaban vinculadas a un ex edil del FCS
Hubo una serie de denuncias contra el ex concejal Alberto Peralta que nunca prosperaron.
A las irregularidades detectadas en la contratación de cooperativas que prestaban diversos servicios a la Municipalidad de la Capital, hay que agregarle también las prebendas de las que gozaban dirigentes del Frente Cívico y Social. Es el caso del ex concejal capitalino, Alberto Peralta (2007-2011), que se presentó por su reelección por el circuito 7 y perdió, vinculado directamente con tres cooperativas: Virgen del Valle, 10 de Julio y Villa Parque Norte. Todas éstas eran presididas por familiares de Peralta, situación que derivó en una serie de denuncias ante la Dirección de Acción Cooperativa, en ese entonces a cargo de Alejandro Galíndez, las cuales no prosperaron.
De los expedientes que estaban archivados se desprenden también denuncias radicadas en la Policía por malos tratos. Y otros tantos reclamos por falta de pago.
Las tres cooperativas fueron inscriptas con domicilio en Jacomé Cardozo 2315, justamente, donde reside Peralta y su familia. Y la administración de las cooperativas se distribuía de la siguiente forma: Virgen del Valle, bajo la conducción de Ana Nélida Rodríguez, esposa del ex edil; 10 de Julio, presidida por Javier Peralta, uno de los hijos; y Villa Parque Norte, conducida por Karina Montalbán, nuera del ex concejal.
A partir de convenios firmados con la Municipalidad de la Capital, las cooperativas tenían a su cargo el barrido de calles de la zona Norte de ciudad, recolección de residuos, mejoras edilicias y limpieza, desmalezamiento y cuidado de plazas, entre otras. Y con la Provincia, a través del IPV, construyeron viviendas en el Norte de la ciudad capital. (Ver aparte).
Peralta ejercía como asesor de las cooperativas, pero según consta en diversas denuncias a las que accedió El Ancasti, todas la decisiones habrían pasado por él y su familia.
Obligados a ir a actos políticos
El concejal (Peralta) arreglaba trabajos paralelos de una forma individual y nos comunicaba sin previo aviso, algo que era totalmente arbitrario e ilegítimo, perjudicándonos de manera colectiva. Los trabajos que él arreglaba era en casas particulares de personas que el concejal conocía. Y nos obligaba a ir a los actos políticos del FCS para apoyarlo. Al que no iban le aplicaban una doble falta o una suspensión en la cooperativa. Todo esto se daba de forma autoritaria mediante amenazas directas, señala una denuncia de socios presentada a Alejandro Galíndez, el 28 de abril de 2008.
