Un litigio que ya tiene 20 años

la pelea por honorarios

4 de agosto de 2011 - 00:00

El juicio Municipalidad de Catamarca contra ENTEL y Estado Nacional se inició en 1990 durante la gestión del ex intendente Guido Jalil. En aquel entonces la comuna demandó a ENTEL por una deuda por impuestos a la ocupación del espacio aéreo.

El proceso fue ampliamente informado por El Ancasti durante estos años. La Municipalidad ganó el juicio en lo que respecta a la demanda contra ENTEL que fue condenada a pagar casi $12 millones pero perdió contra el Estado Nacional y se la condenó a pagar las costas. Un error de los abogados que representaron a la comuna que le implicó hacerse cargo de los honorarios del actual juez y otros gastos comprendidos en las costas del proceso contra el Estado.

Lee además

La minera australiana quedó a la vista por protocolos fallidos

Rio Tinto, en el ojo de la tormenta por el rescate que expuso el abandono

Operativo

"Un día más y no contaban con su vida"

A Guzmán se le regularon honorarios por su participación como fiscal federal subrogante en los dos juicios. Por el primero cobró casi $ 231 mil más intereses que fueron abonados por la empresa. Pero, además, Guzmán reclamó honorarios por el segundo juicio. El ex juez federal, Felipe Terán, le reguló $ 1.133. 047, más intereses desde 1991. En el 2000, las abogadas de la comuna, Virginia Jalil y Stella Buenader, apelaron esta regulación por lo que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Guzmán comenzó el trámite de ejecución de honorarios en 1996. Solicitó al juez Terán que se embargara la recaudación de los impuestos municipales por ocupación del espacio aéreo hasta cubrir la suma de 231.500 , más lo que se fijara en intereses y costas. El 12 de diciembre de 1996, el juez Terán ordenó el embargo.

Sin embargo, el proceso judicial se siguió estirando. Las abogadas habían planteado que en el escrito presentado ante la Corte Suprema que el trabajo de Guzmán en el segundo juicio había consistido en la presentación de un escrito de casi dos carillas y destacaban que la remuneración debía guardar relación con la labor realizada.

De todos modos, en noviembre de 2002, Guzmán obtuvo otro guiño a su favor cuando el ex juez federal, Aldo César Hugo Nieva, ordenó iniciar los trámites para ejecutar a la Municipalidad. Para ese entonces, la deuda había ascendido a $ 1, 5 millones de pesos.

Frente a todas las instancias judiciales, consumadas, en noviembre de 2003, el ex intendente Humberto Rebellato reconoce la deuda.

El magistrado firmó un convenio con la empresa EDECAT para el cobro de sus haberes. Es que EDECAT recauda la recaudación por el uso del espacio aéreo. Por una sentencia se ordenó embargar fondos de esa cuenta para cumplir con la obligación.

La intervención de la empresa de energía la fijó la Justicia, que había rechazado un planteo de reconsideración de la comuna, y allanó el camino para que el camarista cobre la deuda. Según consta en el archivo de EL ANCASTI, se ordenó trabar el embargo hasta cubrir la suma de $ 89.838.

Pero el juez volvió a recurrir a la Justicia para reclamar una deuda que sólo por capital es de más de $ 700 mil. En el 2009, obtuvo otra sentencia a su favor.