La impunidad para la corrupción es otra deuda pendiente
La confirmación de la sentencia condenatoria por el fraude en el Ministerio de Educación (ver página 6) y la apertura de una investigación por la administración de los créditos FONDETUR en la Secretaría de Turismo, son hechos aislados que resaltan otra deuda pendiente de la política local: los casos de corrupción irresueltos.
Entre ellos se destaca el que involucra al titular de la UOCRA y ex diputado Víctor Hugo Brandán, bajo sospecha por las millonarias compras directas realizadas en Acción Social en 2003, cuando era subsecretario del área.
Las operaciones se desarrollaron al amparo de un decreto que elevó el monto máximo para realizarlas y las excluyó de cumplir con requisitos tendientes a evitar desdoblamientos. El Tribunal de Cuentas confirmó numerosas irregularidades y el juez de Garantías Jorge Maidana solicitó en 2005 el desafuero de Brandán como diputado para someterlo a indagatoria por malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
El juez sospechaba que Brandán, avasallando los elementales principios establecidos por el derecho administrativo para el contrato de suministros, e inclusive favoreciendo a empresas proveedoras del medio que obtuvieron finalmente pingües ganancias, encabezó un verdadero aquelarre de maniobras ilícitas.
El pedido de desafuero fue rechazado en 2005, pero Brandán dejó de ser diputado en diciembre de 2007 y hasta ahora no ha sido convocado por la Justicia.
La causa pasó por las manos de las fiscales Patricia Olmi y Elizabeth Cabanillas, y actualmente está a cargo del fiscal de la Unidad de Delitos Especiales, Exequiel Walther, sin mayores novedades.
Megafraude
Otro hecho de corrupción que continúa pendiente de juicio es el del Megafraude de las fundaciones. En 2004, El Ancasti reveló maniobras ilícitas en la Secretaría de Desarrollo Social, por entonces a cargo de Pablo Córdoba Molas. El organismo había financiado cursos de capacitación organizados por fundaciones, en los que la matrícula de asistentes había sido sobredimensionada o, en algunos casos, fraguada para eventos que ni siquiera se habían realizado.
La causa acumuló una decena de imputados, entre ellos Córdoba Molas, su director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, y los titulares de las fundaciones cuestionadas.
El fiscal Walther quiso llevar a juicio a siete de los acusados, pero el juez de Garantías José Carma sólo confirmó el proceso para Córdoba Molas, su director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, y el titular de la fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, y sobreseyó al resto. Walther apeló, la Cámara de Apelaciones ordenó que Carma revisara su sentencia y el proceso quedó trabado en ese punto hasta la fecha. Es decir, siete años de impunidad.Chanchos
A Córdoba Molas lo sucedió en Desarrollo Social Martha Torres de Mansilla. Bajo su gestión se descubrió, en 2008, un circuito que derivaba al forraje de cerdos alimentos adquiridos para los pobres. El entonces fiscal Héctor Maidana inició una causa penal en la que quedó imputado Marino Varela, quien se desempeñaba como director de Control de Calidad y Stock. Desde diciembre de 2008 no se registraron más avances al respecto.VÍCTOR HUGO BRANDÁN
Subsecretario de Acción Social en la segunda mitad de 2003. Durante su gestión se hicieron millonarias compras directas de elementos para asistencialismo. La Cámara de Diputados rechazó su desafuero en 2005. Pero dejó la banca en 2007 y hasta ahora la Justicia no lo convocó para dar explicaciones.PABLO CÓRDOBA MOLAS
Como ex secretario de Desarrollo Social, es el principal sospechoso por el megafraude de las fundaciones, revelado en 2004. El organismo destinó millones de pesos a cursos de capacitación con matrículas sobredimensionadas o que directamente no se habían realizado. La causa aún no llegó a juicio.FORRAJE PARA LOS CERDOS. A mediados de 2008, la Secretaría de Desarrollo Social se vio sacudida por otro escándalo de corrupción. Alimentos adquiridos para asistir a los pobres se destinaban a la alimentación de cerdos en fincas. Hubo allanamientos y una fuerte controversia política que precipitó la renuncia de la titular del organismo, Martha Torres de Mansilla. Se inició una causa penal en la cual quedó imputado, a fines de 2008, el ex director de Control de Calidad y Stock, Marino Varela. El proceso no registró más avances desde entonces.
