Nunca se sancionó por la mala inversión de regalías
La ley entró en vigencia en el 2004 y en octubre cumplió 7 años
La ley 5.128 de Inversión de las Regalías Mineras cumplió 7 años en octubre desde que entró en vigencia, es decir, desde que se publicó en el Boletín Oficial. Por distintas razones y excusas, el Poder Ejecutivo nunca suspendió el envío de fondos a los municipios que cometieron irregularidades en la inversión de las regalías mineras, a pesar de que lo establece el artículo quinto de la normativa.
En reiteradas oportunidades, desde distintos sectores criticaron la labor del Tribunal de Cuentas por la burocracia en los
controles. La última auditoría que se envió al gobernador Eduardo Brizuela del Moral, en setiembre 2009, analizaba la inversión de fondos del 2007 al 2009, y detectó severas irregularidades. Incluso, aquel lapidario informe del TC recomendaba la aplicación de la sanción que establece la ley . Pero hasta ahora nunca hubo una medida en ese sentido.
El artículo quinto de la ley establece que los recursos se aplicarán única y exclusivamente a financiar obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas. Y agrega: El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizará una auditoría anual para controlar el cumplimiento de la disposición y prohibición precedente. En caso de incumplimiento comprobado, el Poder Ejecutivo suspenderá de inmediato el depósito de los fondos, derivándolos a una cuenta especial hasta que el municipio respectivo restituya e invierta las sumas correspondientes en el destino determinado.
La ley establece que el Poder Ejecutivo será responsable por la aplicación de la sanción. Sin embargo, en el Ejecutivo nadie asumió la responsabilidad por la retención de los fondos hasta que se regularice.
Desde la Secretaría de Minería de la Provincia, aseguraron que el organismo realizó una consulta al Tribunal de Cuentas y el organismo respondió que no correspondía la intervención de la Secretaría de Minería en la sanción porque la tarea del organismo es distribuir los fondos, es decir, repartir según los porcentajes que se establece en la ley.
En este sentido, la decisión sería una potestad del primer mandatario provincial y la acción ejecutiva correspondería al Ministerio de Hacienda. Pero nunca se cumplió.
Las sanciones también quedaron en stand by porque jefes comunales argumentaron que las auditorías del TC fueron sobre aspectos contables y formales vinculados a la presentación de proyectos, la inversión de fondos y la rendición de cuentas. En este sentido, señalaban que las auditorías estaban incompletas porque no evaluaban la obra en el terreno.
El temor de una acción judicial por parte de los intendentes mantiene sin sanción a los dirigentes políticos que cometen irregularidades con los fondos mineros. LA ÚLTIMA AUDITORIA En setiembre de 2009, el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento del artículo 5to de la ley 5.128, envió al Gobernador la auditoría correspondiente a la inversión de fondos del período 2007- 2009.
El informe que fue publicado por El Ancasti comprometía seriamente la gestión de varios intendentes.
Andalgalá y Belén, los dos municipios que más dinero recibieron de las regalías mineras, son los que más objeciones recibieron.
Los cuestionamientos dejaron al descubierto la realización de obras sin haber obtenido luz verde a la inversión de parte del TC, el pago de sumas superiores a las presupuestadas, el desdoblamiento de obras para evitar licitaciones públicas, el uso de regalías para pago de sueldos, contratación de becados, elaboración de proyectos y otras serias irregularidades.
El informe del TC fue el documento que tomó la fiscal de Andalgalá, Marta Nieva, para imputar al intendente Perea y su gabinete.
