Jueces estudian la reforma de la ley que rige a la Policía
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales avanza en la idea de modificar la ley Orgánica que rige a la Policía de la Provincia.
Ayer, los jueces - a través de una solicitada- advirtieron la necesidad de adecuar y actualizar las normas que rigen el accionar policial. Es que, a partir del debate público que se generó por la demora al abogado José Furque en un puesto caminero, comenzó el análisis de la incongruencia que existiría entre la ley Orgánica de la Policía y la Constitución de la Provincia.
Es que magistrados y legisladores de la oposición, durante la interpelación al ministro de Gobierno Javier Silva, señalaron que las requisas que realiza la policía en los puestos camineros necesitan de una orden judicial. Y si bien están permitidas en la ley, consideran que no deberían ser una práctica rutinaria ya que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada y el principio de inocencia. Hay que analizar cada uno de los institutos, lo que se busca es que la ciudadanía tenga la garantía de ser juzgado por una autoridad competente, explicó un funcionario judicial.
En cambio, las autoridades de Gobierno opinaron que las requisas son legales y están avaladas por una norma.
Los magistrados consideraron positivo la elaboración de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, y se ofrecieron a colaborar en la implementación de un proyecto de ley que contemple garantías para cualquier ciudadano.
En los próximos días, los jueces comenzarán a trabajar en la propuesta que luego pondrán a consideración de otros actores sociales. Auxiliares de la Justicia La diputada Silvia Moreta (PJ) presentó un proyecto de ley que regula la actividad de los Auxiliares de la Justicia (peritos, administradores, veedores, martilleros, liquidadores), en una norma que cubre vacíos legales y complementa normas existentes al respecto. También propone regular los honorarios que perciben los profesionales.
Según explicó, la falta de una legislación al respecto es una de las causales de demora de los procesos judiciales. Agrega que existe incertidumbre en el ámbito de los auxiliares de la Justicia y es, por ello, que muchos renuncian a cumplir esa labor.