Los empleados, jubilados y pensionados que constituyen los clientes preferidos de las financieras y casas de préstamos no acostumbran a formalizar las denuncias en los organismos que corresponden. En algunos casos por la burocracia que implica el trámite.
En la oficina de Defensa al Consumidor que depende de la Dirección Provincial de Comercio existen casi cuarenta denuncias o intervenciones que el organismo realizó este año. Las intervenciones que realizaron fueron por descuentos indebidos de préstamos personales, negación a la entrega de documentos firmados y descuentos indebidos por la cuota social. El director de Comercio, Efraín Nieva, comentó que también hay gestiones que se realizan de manera sumarísima porque sería contraproducente seguir el trámite de formación de expediente que exige la ley de Defensa al Consumidor.
El organismo no puede intervenir por las tasas usurarias que se cobran pero si tiene competencia para exigir el cumplimiento de las leyes de Defensa al Consumidor y de Lealtad Comercial. Así, por ejemplo, toma intervención cuando la financiera no entrega copia de los documentos que firman ambas parte o no exibe la información acerca de las condiciones en las que se otorgan los préstamos. Nieva comentó que en el ámbito administrativo no existe una legislación que permita abrir una investigación por los intereses excesivos que se cobran.
Para los jubilados, la denuncia es un trámite más burocrático. La persona que se considera perjudicada por una cooperativa o mutual tiene que llenar un formulario modelo y elevar el reclamo a la oficina central de Anses porque la delegación local no puede resolver ningún planteo.
Es que los códigos de descuentos para financieras y mutuales también se habilitan desde Buenos Aires. En la actualidad el organismo tiene habilitado un poco más 400 códigos de descuentos para mutuales, cooperativas y asociaciones sindicales en todo el país que se supone no deberían tener fines de lucro pero varias de ellas terciarizan el servicio de créditos. 40 Son las presentaciones que este año se realizaron en la oficina de Defensa al Consumidor. Es por el cobro indebido de préstamos y cuotas sociales.
