Desde que el municipio de El Rodeo fue demandado por un accidente fatal a raíz de la falta de alumbrado público en la ruta 4, la causa atravesó distintas gestiones que fueron incapaces de poner fin al reclamo, y que termina ahora con una millonaria ejecución y la posibilidad de perder una hostería emblemática.
El accidente que se cobró la vida de un hombre de apellido Heredia data de mayo 1997 y recién se inició la demanda en abril de 1999. El primero que lidió con la causa fue el intendente justicialista Armando Seco, y luego su sucesor, Arturo Lorenzo. Durante la gestión de Lorenzo se produjo la sentencia definitiva, que data de noviembre 2006. Allí, se ordenó pagar a la familia de Heredia un monto de 187.000 pesos, monto al que debe agregarse costos del juicio. La comuna no llegó a ningún acuerdo por el pago.
En mayo de 2007, se presentó ante Fiscalía de Estado el estado de ejecución, es decir, el procedimiento legal que se sigue cuando se está por rematar un bien público. El organismo informó de este tema a la Dirección de Asuntos Municipales, que a su vez pidió a la comuna que inicie los trámites para el pago. Según la reglamentación, debería haberse previsto en el presupuesto del año siguiente el dinero para abonar la indemnización. Esto tampoco se hizo.
Un año después, cuando ya estaba al mando de la comuna el oficialista Félix Casas Doering, la Justicia emitió otra resolución y ordenó la ejecución del remate. La comuna a través de sus abogados pidió entonces la suspensión de la demanda, y la jueza que interviene en la causa la rechazó. El municipio apeló el fallo, que fue rechazado nuevamente por la Cámara de Apelaciones.
Con la resolución firme, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nominación ordenó en 2009 el remate de la hostería de El Rodeo para pagar a la familia. Los letrados de la comuna intentaron frenar nuevamente la subasta y realizaron una presentación por la que solicitaban el levantamiento del embargo. Esto fue también desestimado por la jueza y, en el último intento, que fue interpretado como una chicana procesal, la comuna impugnó la tasación oficial.
