A principios de año, la comuna capitalina buscó el aval del Concejo Deliberante para contratar una consultora especializada de Córdoba, con el fin de modificar la ordenanza tributaria, a la que consideró desactualizada.
Uno de los objetivos de esta iniciativa era poder cobrar a los grandes comercios o empresas que prestan servicios en la Capital, pero que tributan en otras jurisdicciones, normalmente en Buenos Aires.
Esta iniciativa fue defendida por el municipio con el argumento de que se trataba de un estudio que probó su eficacia en el mejoramiento de los niveles de recaudación
