Durante la reunión que funcionarios del Ejecutivo y de EDECAT mantuvieron el miércoles con legisladores la Comisión Bicameral de servicios públicos, se instaló una polémica entre el diputado justicialista, Gustavo Saadi, y el asesor general de Gobierno, Guillermo Dalla Lasta, por los plazos que había para confeccionar los pliegos con el 51% de las acciones clase A de la firma. Ello posibilitaría la convocatoria para la venta de las acciones y con su producto, se indemnizaría a IATE, el conglomerado empresario de la familia Taselli que manejó la empresa desde que fue privatizada.
Saadi sostuvo que el decreto que ordenó la intervención estatal en la concesionaria, daba 120 días para ese trámite, a partir del 28 de octubre del año pasado, y que al vencerse los plazos, la Provincia corría el riesgo de una demanda millonaria de IATE. Esto va a traer consecuencias jurídicas y económicas, dijo.
Dalla Lasta le contestó que el decreto ordenó el procedimiento, pero que la Provincia, como acreedor prendario, decidió ejecutar judicialmente la garantía. Por otro lado, dijo, el plazo de 120 días no establece una sanción puntual.
