Funcionarios, legisladores y militantes de LLA en la mira por los créditos VIP del Banco Nación
Mientras el Gobierno libertario promueve el achique del Estado y cuestiona la banca pública, una nómina de 25 funcionarios y legisladores oficialistas accedió a préstamos del Banco Nación.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, encabeza la lista de los señalados por presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses. El funcionario obtuvo un crédito de 367 millones de pesos, el cual, según denuncias presentadas ante la Justicia por la diputada Mónica Frade, habría sido destinado a la compra de una tercera propiedad en el country Los Pilares, en Pilar, valuada en 300 mil dólares. La celeridad del trámite, que se concretó en apenas unas semanas frente a los meses que requiere un ciudadano común, es uno de los puntos centrales de la investigación que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
Conflictos de interés y el rol del equipo económico
La situación se torna más compleja al considerar el doble rol de los beneficiarios. Furiase, al igual que Pedro Inchauspe, miembro del Directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, cumplían funciones de regulación financiera mientras gestionaban préstamos en el Banco Nación. Según la presentación judicial de la diputada Frade, este escenario configura una posible negociación incompatible con la función pública, dado que estos funcionarios participan en la fijación de las tasas de interés y las políticas del sistema crediticio.
Pese a la magnitud de los montos, el ministro Caputo desestimó las críticas al afirmar que no existió nada ilegal ni inmoral en los otorgamientos. Por su parte, Furiase intentó justificar su posición argumentando que uno de los tres inmuebles que se le adjudican es, en realidad, un usufructo compartido con sus padres del cual posee un porcentaje menor, asegurando que su trámite siguió las vías regulares.
La lupa sobre los requisitos y el prontuario de los beneficiarios
La investigación judicial no solo apunta al equipo económico, sino también a irregularidades en el cumplimiento de los requisitos bancarios básicos. El caso de la diputada Lorena Villaverde es emblemático, ya que logró obtener el crédito en la casa central del banco luego de que su solicitud fuera rechazada en la sucursal de Cipolletti. El rechazo inicial respondía a que la legisladora se encuentra embargada y procesada en una causa judicial por presunta estafa inmobiliaria, lo que, según denunció el diputado Esteban Paulón, sugiere una intervención discrecional desde las jerarquías de la entidad.
La lista se completa con perfiles como el de Sharif Menem, familiar del titular de la Cámara de Diputados, quien con 24 años obtuvo un préstamo abultado, y diversos funcionarios del Ministerio de Economía, como Felipe Beron y Juan Manuel Garzón, sumando más de 600 millones de pesos entre varios subsecretarios. Mientras las causas judiciales avanzan, el Gobierno ha optado por mantener una vocería cerrada, limitándose a prometer una auditoría interna que asegure la legalidad de los préstamos otorgados.
Puntos clave
25 funcionarios y legisladores recibieron 6.500 millones de pesos en créditos del Banco Nación.
Federico Furiase, secretario de Finanzas, es investigado por presunto conflicto de intereses y celeridad sospechosa en el trámite.
Existen denuncias judiciales por presunta administración fraudulenta y tráfico de influencias.
La diputada Lorena Villaverde obtuvo el crédito pese a estar embargada por una causa de estafa inmobiliaria.
El ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei defendieron las operaciones calificándolas como oportunidades legales.
