El empleado público, José Ramón Sacayán, formuló una denuncia penal contra la Cámara de Senadores para que se investigue la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.
Para esto, el demandante solicita a la Fiscalía General que llame a prestar declaración a funcionarios y empleados de la Cámara alta, responsables o encargados de las áreas administrativas donde se materializaron supuestos ilícitos.
Es que a Sacayán se le inició un sumario administrativo en junio de 2001 para que se investigue la supuesta incompatibilidad del ejercicio del cargo de categoría 23 en el Senado de la Provincia y trabajos realizados por cuenta de la ex Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca (Capresca). Y un nuevo sumario se tramitó luego a efectos de investigar la desaparición de sistemas informáticos.
Pasados seis años, se presentó una acción de amparo ante la Corte de Justicia de Catamarca solicitando se declare la caducidad de los sumarios que se iniciaron en 2001 por vencimiento de los plazos.
La Corte hizo lugar al amparo y ordenó la reincorporación de Sacayán al Senado.
A posteriori de la decisión judicial, la Cámara de Senadores dicta el decreto N° 540 con fecha 27 de junio de 2008 por el cual se decide la cesantía de Sacayán.
Ante un recurso de reconsideración que impidió que la cesantía quedara firme, es que desde el mes de enero de 2009 Sacayán se encuentra prestando servicios y percibiendo sus haberes del Senado.
Y todo el proceso administrativo anterior se habría perdido documentación vinculada con la causa que alejó de su fuente laboral a Sacayán por cerca de ocho años, lo que motivó una nueva denuncia penal por el supuesto damnificado.
También denunció el empleado una directa intencionalidad de desbaratar el derecho del reclamante al sustraer o no incorporar actuaciones en cuestión una pieza fundamental del expediente.
