Aprobaron una resolución para suspenderla por 60 días. El Ejecutivo la rechaza porque no tuvo el aval de la mayoría absoluta del cuerpo.
Un conflicto institucional se avecina en la municipalidad de San José de Santa María a raíz del enfrentamiento entre el Ejecutivo comunal, a cargo de Mónica Hernández, y los concejales Pedro Lagoria, presidente del cuerpo legislativo, Rosario Marcial y Estela Gutiérrez.
El miércoles pasado, con mayoría simple, los ediles aprobaron un proyecto de resolución por el que piden la suspensión por 60 días de la jefa comunal, en virtud de que, aseguró Gutiérrez, no respondió a ninguno de los pedidos de informes que se le solicitó desde el Concejo Deliberante (CD), tampoco, a las citaciones del cuerpo, en lugar de hacer aprobar los nuevos presupuestos recondujo el presupuesto 2006 para los ejercicios siguientes y otras cosas más.
Sin embargo, apenas fue notificada de la resolución aprobada, Hernández respondió al CD con un rechazo a la suspensión porque, destacó, no cumple con el requisito establecido para este tipo de acciones, que implica ser aprobado con mayoría absoluta.
Para Hernández, la suspensión no tiene ningún sustento y se enmarca en un conflicto político con intereses personales porque, destacó, se vienen tiempos electorales.
La pelea política tendrá también su correlato en la Justicia porque, por un lado, es posible que la interpretación acerca de si es legal o no la suspensión la realice la Corte de Justicia y, porque, por otro lado, tanto Hernández como los concejales que aprobaron la suspensión ya anunciaron acciones judiciales.
La intendenta comentó ayer que estaba preparando con su abogado las cartas documento con las que intimará a los ediles que aprobaron la suspensión a rectificarse, bajo pena de ser denunciados. La denuncia recaería -anticipó- sobre el presidente del CD, por abuso de autoridad, porque no debería haber remitido al Ejecutivo una ordenanza que no cumple con los requisitos exigidos.
Desde el cuerpo legislativo, la concejal Gutiérrez anticipó que denunciarán penalmente a los ediles Claudio Quinteros y Patricia Cáceres -quienes no votaron a favor de la suspensión- por mal desempeño de sus funciones, y por ser cómplices de lo que está pasando en la municipalidad con los fondos públicos.
Hernández está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas, porque no habría remitido toda la documentación de rendición de cuentas que se le solicitó; y también por la Justicia ordinaria, a raíz de una denuncia por presunta malversación de regalías mineras.
Consultada sobre este punto, la jefa comunal dijo estar tranquila con su accionar, aseguró que las obras hechas con fondos de las regalías están a la vista y que si se gastó bien o mal, lo determinará el Tribunal de Cuentas.
