Revés judicial para el Ministerio Público Fiscal

Wika: aceptaron el pedido de un acreedor para ser querellante particular

La causa se inició en 2024 tras una denuncia de Cristian Guillou. Todavía no hay personas imputadas ni indagadas.

17 de noviembre de 2026 - 19:58

El juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, revocó la resolución con la que el fiscal de Instrucción N° 8, Juan Manuel Sánchez Ruiz, rechazó el pedido de constitución de querellante en la causa Wika, realizado por un acreedor de la quiebra de Adhemar Bacchiani y Adhemar Capital SRL.

La causa Wika se inició en 2024 a partir de la denuncia de Cristian Guillou contra Bacchiani, la escribana Joaquina Gandini y otras personas.

La presentación para ser querellante fue realizada por el abogado Bruno Jerez, como acreedor directo y quirografario de Edgar Bacchiani y de la firma Adhemar Capital SRL.

El 21 de octubre último, el fiscal que investiga la causa Wika rechazó el pedido.

Entre otros justificativos, sostuvo que esa Fiscalía tiene acceso a otros expedientes conexos que tramitan en distintos fueros -Federal, la Justicia de Córdoba y Concursos y Quiebras-, que contienen información sensible a la que las partes no pueden acceder, al menos hasta una instancia posterior a las declaraciones indagatorias.

Además, reconoció que todavía no existe un decreto formal de imputación y que tampoco se dispusieron llamados a indagatoria para ninguna de las personas investigadas.

Entre otros argumentos, el fiscal se centró en la naturaleza de los delitos que se investigan. Sostuvo que, al tratarse de presuntos hechos de insolvencia fraudulenta y quiebra fraudulenta, los damnificados conformarían «un conjunto de la ciudadanía», cuyo interés colectivo estaría representado por los síndicos de las respectivas quiebras y no por los derechos individuales de cada acreedor.

Además, consideró que, ante la existencia de más de mil acreedores verificados en los procesos de Adhemar Capital SRL y Edgar Adhemar Bacchiani, la representación de los damnificados debe concentrarse en las sindicaturas concursales.

Para Sánchez Ruiz, esa medida permitiría ordenar la participación de los afectados y evitar posibles entorpecimientos o demoras en la investigación penal.

Recurso

Ante la negativa, Jerez presentó una oposición y pidió al fiscal que revoque su decisión o, en caso contrario, remita el planteo al juez de Control de Garantías. En este contexto, el juez Sago revocó el dictamen de Sánchez Ruiz y declaró a Jerez como querellante particular pleno.

En sus fundamentos, Sago calificó de "improcedente" la pretensión del representante del Ministerio Público Fiscal de desplazar la legitimación penal del acreedor particular hacia los síndicos de la quiebra.

El juez remarcó que ese fuero detenta facultades de administración, conservación y recomposición patrimonial de índole comercial y civil, y no puede representar a querellantes porque no tiene atribuciones constitucionales ni procesales para hacerlo.

Por otra parte, advirtió a Sánchez Ruiz que la masividad o complejidad de una causa no inhabilita las garantías procesales, tal como él argumentó en la resolución que ahora fue revocada.

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