sábado 25 de mayo de 2024
Presentó un recurso extraordinario federal

Único condenado por la causa FONDETUR quiere llegar a la Corte Suprema de Justicia

Néstor Edgardo Tagua debe cumplir una condena de dos años de prisión en suspenso y deberá abonar la suma de $634.320 en concepto de “daño patrimonial”.

Néstor Edgardo Tagua hallado culpable en el delito de “fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel”, en junio del año pasado, por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera nominación, en el marco de la causa FONDETUR. El Tribual resolvió una condena de dos años de prisión en suspenso, con con pautas de conducta. Además, se le hizo lugar parcialmente a la demanda civil, por lo que deberá abonar la suma de $634.320 en concepto de “daño patrimonial”. A finales de marzo último, la Corte de Justicia de Catamarca confirmó el fallo del Tribunal. Ante esta situación, Tagua presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva.

La causa data de diciembre de 2010. Por entonces, funcionaba en la Secretaría de Turismo, a cargo de Edgardo Ávalos, el programa crediticio denominado "Programa para el Desarrollo del Turismo de Catamarca FONDETUR. Tales fondos dinerarios habrían sido otorgados irregularmente a Tagua y a otros “emprendedores turísticos”. Las sumas oscilaban entre $20.000 y $560.000. Los operadores turísticos recibieron las partidas en diciembre de 2010 y en junio de 2011. Con este dinero, debían remodelar inmuebles que funcionarían para la oferta hotelera provincial, con habitaciones, spa, bar y cava. Sin embargo, el destino de las inversiones no se habría cumplido.

Tagua compartió el banquillo de los acusados con el exsecretario de Turismo Edgardo Ávalos y una mujer. Estos últimos fueron absueltos por falta de acusación fiscal. Ávalos había llegado a debate imputado por “fraude en perjuicio de la Administración Pública en calidad de coautor” y “fraude por administración fraudulenta” (tres hechos) y “cohecho”; Tagua, por “fraude en perjuicio de la Administración Pública en calidad de coautor”. En tanto que la mujer solamente había sido acusada por “cohecho activo”. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Marcelo Soria, Jorge Palacios y Patricia Olmi. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal de Delitos contra la Administración Pública Facundo Barros Jorrat y el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín. Ambos estuvieron acompañados por el abogado de la querella particular en representación del Estado Provincial y actor civil, Mauricio Fuenzalida. En tanto que la defensa fue representada por los abogados Luciano Rojas, en representación de Edgardo Ávalos; Víctor García, por Néstor Edgardo Tagua y Luis Tula y Jorge Avellaneda, por la tercera imputada.

El penado presentó un recurso de casación en la Corte de Justicia de Catamarca. En marzo, la Sala Penal, –integrada por los ministros Hernán Martel, Verónica Saldaño y Fernanda Rosales Andreotti-resolvió rechazar el planteo y, confirmar el fallo del Tribunal de sentencia. El penado presentó un recurso de casación en la Corte de Justicia. En marzo, la semana, la Sala Penal –integrada por los ministros Hernán Martel, Verónica Saldaño y Fernanda Rosales Andreotti-resolvió rechazar el planteo y, confirmar el fallo del Tribunal de sentencia. La elaboración del voto, en la órbita del máximo tribunal, estuvo a cargo del presidente de la Sala Penal, Hernán Martel; sus pares Rosales Andreotti y Saldaño adhirieron.

“El eje central del caso, independientemente del destino que se dio a los $100.000 iniciales del crédito, se vincula con el obrar del imputado al momento de gestionar la obtención del crédito. De las constancias del expediente puede apreciarse el orden cronológico a través del cual Tagua adquiere el inmueble ubicado en Fiambalá –marzo de 2010- y, luego, lo vende –septiembre 2010-. Todo ello, previo a la fecha de presentación del pedido del crédito Fondetur. Es esto lo trascendente de la cuestión. El Sr. Tagua inició los trámites de la concesión del crédito a sabiendas que el inmueble sobre el cual se construiría el proyecto y, a su vez, otorgó como garantía, había sido comprometido en venta a favor de un tercero”, se detalló.

En este sentido, se advirtió que al momento de completar los formularios respectivos, ante el apartado sobre la titularidad del inmueble, el acusado optó por seleccionar la alternativa afirmativa, es decir, aquella que implicaba que recaía sobre él la propiedad. A la vez, se remarca que cuando el exsecretario Ávalos formula la denuncia que da inicio a la presente causa, lo que argumenta es justamente que Néstor Tagua vendió el inmueble que afianzaba las obligaciones en el crédito FONDETUR, por lo que deja al Estado provincial sin poder asegurar el cobro del crédito otorgado y, por lo tanto, siendo la venta anterior a la gestión del crédito, denota la voluntad e intención de Tagua de realizar una maniobra fraudulenta en contra del Estado.

“Es así que se configura la conducta maliciosa por parte del imputado. Al momento de presentar la documentación a los fines de peticionar el préstamo, Tagua se limitó a acompañar la escritura pertinente, mediante la cual adquiere la propiedad del inmueble pero nada dice ni adjunta respecto al contrato de compraventa celebrado sobre el mismo inmueble, el 10/09/10, a favor de un tercero, el cual fue inscripto en el Registro de la Propiedad en fecha 29/9/10. Reitero, todo previo a iniciar las gestiones del crédito”, se precisó.

Por ello, para la Sala Penal, carece de trascendencia si Néstor Tagua contrajo o no una deuda con otra persona, si tenía o no la posesión del inmueble y si destinó allí el dinero dado. Lo central es que con anterioridad al pedido del préstamo había vendido la propiedad que –más allá de emplazarse allí el emprendimiento- otorgó como garantía del crédito, causándole al erario público de la provincia un perjuicio patrimonial, se aclaró.

“Cabe recordar que, en estos delitos, ‘para que la acción sea típica, basta con que el medio empleado sea eficaz para perjudicar a la administración pública’, situación que se comprueba en este caso. En cuanto a lo esgrimido respecto a que el Estado no le exigió ni ejecutó la deuda al imputado, la razón de ello es, a mi entender, justamente la denuncia formulada. La concesión del préstamo se encontraba judicializado por los motivos ya desarrollados, por lo tanto, resulta lógico el obrar del Estado sobre ese punto”, se consideró, en los fundamentos del rechazo del recurso de casación.

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