El defensor de los Barros dijo que hay un error en las fechas investigadas y apuntó a las adicciones de la testigo.
Cristian Marcelo Barros y sus hijos Exequiel Barros, Cristian Barros y Nery Barros fueron trasladados ayer desde el penal de Miraflores a Fiscalía, donde con la asistencia del abogado Leonel Toledo realizaron una ampliación de declaración indagatoria.
Los cuatro junto a Gustavo Exequiel Varela están detenidos por crimen de Marcelino Pachado el 7 de febrero de 2017 en el barrio Montecristo, imputados por "homicidio agravado por alevosía”.
Luego de la audiencia ante la fiscal Paola González Pinto, el defensor aseguró que sus asistidos son inocentes y que la fiscal incurrió en un grave desacierto.
"Hubo desaciertos en investigaciones anteriores que terminaron en juicios y absoluciones. En este caso, en que acusan a nuestros defendidos, hay otro desacierto. Hablan de una fiesta el 7 de febrero (de 2017) donde sitúan a mi cliente con una declaración endeble de una expareja (testigo clave), que es el único dato firme que tienen para formular esta acusación, cuando la fiesta que hubo en esas fechas fue el día 11. Tenemos toda la documentación (que acredita) que no estaban reunidas todas las personas (denunciadas), porque había uno de mis clientes que se encontraba detenido en la comisaría Décima", informó.
Advirtió que "hay muchas cosas que no nos cierran sobre el decreto de determinación del hecho de la fiscal", y en cuanto a la ampliación de declaración indagatoria explicó que fue "para aclarar” cuál fue la situación y qué ocurrió ese día 7 “en que mis clientes estuvieron trabajando porque son changarines".
"La ley es clara cuando dice que el hecho debe ser formulado en forma clara, circunstanciada, precisa determinar bien el día y hora o aproximadamente, pero no está claro el hecho. Estamos hablando de días distintos de cuándo ocurrió. El 7 no hubo ninguna fiesta familiar y hay actas de nacimiento, de bautismo y otras cosas", remarcó.
Por otra parte, confió en que prontamente "se producirán pruebas muy importantes respecto a la testigo", de apellido Segura, quien fue pareja de uno de los Barros.
"Tenemos pruebas para demostrar que ese vínculo había terminado en el año 2015. Hay actuaciones del Ministerio de Desarrollo Social respecto a eso. Creemos que la investigación debe dar un giro", agregó.
Adelantó además que producida la prueba, solicitará el cese de prisión preventiva para sus cuatro defendidos, "porque no tienen nada que ver" con el hecho que les están enrostrando.
Consideró asimismo que la testigo "tiene un problema de adicciones y no frecuentaba la familia porque había terminado la relación con uno de los imputados. Esta defensa se pregunta, ¿cómo puede ser que a siete años de ocurrido el hecho un testigo tan endeble con tantos problemas de tipo personal? No entendemos por qué este testimonio endeble es tan valioso para la fiscalía para sostener tremenda acusación".
