La jueza de Control de Garantías de Segunda Nominación, Cecilia Mas Saadi, fijó un reglamento para ordenar la actuación del equipo de salud y de la Policía durante la internación de Marcelo Joaquín Tula, imputado por el matricidio de La Chacarita. La resolución, firmada el 18 de septiembre, a pedido de la Fiscalía, ordenó su implementación inmediata.
Tula está internado en el área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista por orden del mismo juzgado. En la resolución, la jueza reconoció que la provincia no cuenta con un lugar acondicionado para este tipo de medidas y sostuvo que "debemos adaptarnos y resolver la situación con los recursos con los que contamos".
En su resolución, la magistrada estableció que la internación es terapéutica y el espacio es "un ámbito sanitario, no un centro de detención". Ante esta situación, los médicos indican el tratamiento y son los únicos que deciden la contención física o farmacológica, solo ante un riesgo cierto e inminente y con registro en la historia clínica. En tanto que el personal policial custodia el perímetro, evita la fuga y previene agresiones severas, con uso progresivo de la fuerza y sin exhibir armas de fuego en las salas ni frente al paciente. A la vez, se estableció que las esposas quedan prohibidas, las sujeciones fijas a camas o estructuras, salvo indicación clínica. Si se necesita sujetarlo por razones médicas, será una sujeción blanda, a cargo de enfermería. Ante una crisis, el equipo de salud toma el mando y la Policía solo interviene si le piden auxilio ante una agresión inminente. Esta resolución como una guía general. Lo que no esté previsto lo resolverá la autoridad judicial, con participación del equipo sanitario y de la Policía, se indicó.
Norma Tula fue asesinada el 19 de julio. Su hijo Marcelo Joaquín Tula es el único sospechoso. Por este hecho, fue imputado por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento”. El defensor Penal Oficial de Quinta Nominación Mariano Guillamondegui había planteado que su asistido sea declarado inimputable. No obstante, la fiscal especializada en Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino rechazó el pedido de sobreseimiento.