Exintendente imputado por abuso de autoridad

Rechazaron los planteos de nulidad en el juicio a Guaraz

Para la defensa, el caso prescribió por el tiempo transcurrido desde la denuncia. Insisten en que se vulneraron derechos.

27 de octubre de 2026 - 00:45

El Juzgado Correccional Nº 1 rechazó ayer los planteos de nulidad interpuestos por la defensa del exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, por presunto abuso de autoridad.

Durante la audiencia de ayer, la defensa, ejercida por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, sostuvo que Guaraz negó haber cometido un delito y que llegó a juicio amparado por la presunción de inocencia.

Aseguraron que respetan a la denunciante y su derecho a ser escuchada, pero cuestionaron la prueba producida por la fiscalía que investigó el caso, inicialmente a cargo de Antonella Kranevitter y luego de Facundo Barros Jorrat, especializado en Delitos contra la Administración Pública. Consideraron además que la acusación se apoya en capturas de pantalla que aportó la denunciante, y que su teléfono nunca fue secuestrado ni peritado de manera íntegra.

Remarcaron también, que esa pericia se produjo sin que Guaraz pudiera controlarla y advirtieron que mantendrán la nulidad en las instancias superiores. En esta línea, hicieron hincapié en los plazos procesales y señalaron que pasaron más de cinco años desde que supuestamente ocurrió un delito cuya expectativa de pena máxima es de dos años de prisión en suspenso.

Por otra parte, enfatizaron que esa defensa no pide un trato especial para el exintendente, sino que se lo juzgue con las mismas reglas que a cualquier ciudadano, con prueba válida y en un plazo razonable.

La causa se originó por un hecho ocurrido en mayo de 2021, cuando Guaraz, en su función de intendente, firmó el Decreto Municipal Nº 23/2021, mediante el cual dispuso la clausura preventiva del hospedaje y playa de estacionamiento San Antonio, administrado por Shirli Claribel Cordero, en Bañado de Ovanta.

Según la acusación fiscal, el entonces jefe comunal habría bloqueado los mecanismos administrativos que le permitían a la comerciante regularizar sus deudas tributarias y luego ordenó el cierre del establecimiento.-

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