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SUSCRIBITEEn marzo de 2021, una joven denunció a Mauro Sotelo, un hombre de 52 años, por una agresión sexual. El hecho sucedió en una localidad de La Paz y el hombre fue acusado por la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Desde entonces, el imputado se encuentra privado de la libertad en el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán.
A casi dos años, hoy se daría inicio al debate, en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación. Por tratarse de un delito contra la integridad sexual, las audiencias se desarrollarán a puertas cerradas, a fin de resguardar a la denunciante. El Tribunal estará integrado por los jueces Fernando Esteban, Carlos Moreno y Mauricio Navarro Foressi. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal de Cámara Daniela Barrionuevo. En tanto que la defensa estará ejercida por el abogado del foro local, Luciano Rojas.
Tras la denuncia de la joven, quien por entonces tenía 18 años, el sindicado fue detenido. Oportunamente se realizaron las pericias de rigor –para la elaboración de prueba-. Este hecho de violencia sexual había conmovido a la comunidad lapaceña. Fuentes consultadas por El Ancasti habían indicado que entre el acusado y la denunciante no hay ningún vínculo. Solamente eran conocidos, con alguna amistad en común. El acusado es conocido en La Paz, debido a que es proveedor de agua envasada de un municipio y de algunos comercios. En abril, se confirmó la prisión preventiva y desde entonces, Sotelo se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. A finales de 2021, la defensa había solicitado el cese de la prisión preventiva. No obstante, la jueza de Control de Garantías de la Sexta Circunscripción Judicial, Corina Pérez, no hizo lugar al planteo.
Los delitos contra la integridad sexual son aquellos que atacan la libertad y la voluntad sexual de una persona. Son agresiones que atentan contra la integridad, la privacidad y la identidad de las personas. Por ello, se los considera como delitos de abuso de poder y de sometimiento.
Estos ultrajes son abusos sexuales, abusos sexuales agravados, promoción y facilitación de la prostitución, corrupción de menores, difusión de imágenes y espectáculos con material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (MASNNA), o exhibiciones obscenas, entre otros.
Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que Sotelo fue sorprendido en el dique Motegasta, en Icaño, La Paz, en abril de 2020, junto con su amigo, el intendente de Recreo, Luis Polti y algunos funcionarios municipales. En aquella oportunidad Polti, Sotelo y compañía habían incumplido con el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19.
Por este incumplimiento, la Justicia Federal había dictado el procesamiento sin prisión preventiva para los imputados. Polti fue arrestado y liberado por violar la cuarentena junto a otros dos funcionarios del municipio, Rodrigo Persichetti (director de Obras Públicas), Sergio Oviedo Aguirre (secretario de Obras y Servicios Públicos), el proveedor Sotelo y otra persona identificada con el apellido Díaz.
El hecho ocurrió el 19 de abril, durante la plena vigencia del confinamiento obligatorio. La causa primero fue llevada adelante por la Fiscalía de Recreo a cargo de Jorgelina Sobh, quien indagó al intendente para luego pasar todas las actuaciones a la Justicia Federal de Catamarca.
Una semana antes, Polti había sido noticia por haber reaccionado violentamente contra una enfermera que le había solicitado barbijos e insumos de trabajo. Las personas que acompañaban al jefe comunal también fueron procesados sin prisión preventiva y con un embargo, aunque de una menor cuantía: entre $20.000 y $25.000 cada uno. De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, la diferencia en los montos del embargo de Polti con los de los demás procesados se debe a la responsabilidad institucional que tiene Polti por ser intendente y a su vez presidente del COE para la prevención del Dengue y Coronavirus en Recreo.n
