Nicolás Céspedes fue procesado por lesiones leves agravadas por abuso de su función, al considerar desproporcionado el uso de la fuerza contra una mujer de 82 años.
A casi nueve meses del operativo frente al Congreso en el que una mujer de 82 años terminó herida en el suelo, la Justicia resolvió procesar a Nicolás Emanuel Céspedes, el policía que la empujó, procesado por lesiones leves agravadas por abuso de su función, tras una investigación que desarmó el relato policial y se apoyó en un elemento clave: las cámaras.
El episodio ocurrió el 12 de marzo de 2025, durante una protesta de jubilados que reclamaban haberes dignos. Como cada miércoles, el operativo de seguridad ordenado por el Ministerio que entonces conducía Patricia Bullrich terminó en represión. En ese marco, Beatriz Blanco, que marchaba con un bastón, fue empujada por un efectivo, cayó de espaldas y golpeó la cabeza contra el asfalto. La herida en la nuca requirió puntos de sutura y atención hospitalaria. Otro agente le arrojó gas pimienta.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 dio por acreditado que el accionar de Céspedez fue violento, desproporcionado e injustificado. Para el juez, aun cuando la jubilada hubiera tocado el casco de una agente, no existía ningún peligro real que habilitara ese uso de la fuerza. Menos aún tratándose de una mujer mayor, con movilidad reducida. Entre los fundamentos, la justicia sostuvo que los protocolos exigen aplicar la mínima fuerza necesaria, especialmente frente a personas ancianas. En este caso ocurrió exactamente lo contrario.
Las imágenes y fotografías incorporadas al expediente fueron determinantes para llegar a esa conclusión, pese a que varios policías repitieron un mismo argumento: que Blanco los había agredido con el bastón y hasta roto cascos protectores. El juez calificó ese relato como inverosímil frente a la prueba audiovisual.
Céspedez fue procesado sin prisión preventiva, pero con una serie de medidas concretas. El fallo ordena trabar embargo sobre sus bienes y dinero por 40 millones de pesos, para cubrir eventuales indemnizaciones y costas del proceso. Además, deberá mantener el domicilio fijado, informar cualquier ausencia prolongada y presentarse los primeros cinco días de cada mes en el juzgado. También fue convocado a notificarse personalmente de la resolución y a formalizar el embargo. La causa quedó así en condiciones de avanzar hacia un juicio oral, donde se definirá su responsabilidad penal.
Distinta fue la situación del oficial Pablo Alexis Aldama, subordinado de Céspedez, quien utilizó gas pimienta durante el operativo. El juez lo sobreseyó, al considerar que su accionar se mantuvo dentro de los protocolos, al dirigir el gas al ambiente y no de forma directa al rostro.
