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Engaños piramidales

Piden la intervención de organismos nacionales

Un damnificado por Cristian Rojo, de Callvu, solicitó al Juzgado Federal que de inmediata intervención a la UFI, la PROCELAC y el Banco Central.

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3 de mayo de 2022 - 13:29

Un acreedor de Cristian Rojo, titular de la financiera Callvu, pidió al Juzgado Federal que “de inmediata intervención a la UFI (Unidad de Información Financiera), a la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y al Banco Central de la República Argentina, a fin de que ejerzan los actos de su competencia, esto es, prevenir e investigar la incidencia, modalidades y perjuicios ocasionados por la criminalidad económica y financiera como así también la detección y recuperación de los activos objeto de los delitos aquí denunciados”.

También solicita el secuestro del automóvil que Rojo presentó como caución para permanecer en libertad mientras se sustancia la causa en su contra.

“Tal rodado -de valor económico elevado- es fruto de las operaciones financieras delictivas efectuadas por el imputado Rojo con el dinero de los damnificados. Es decir: fruto de la actividad delictiva del mismo. Solicito que, independientemente de la caución, se ordene el secuestro de tal unidad justamente por tratarse de un bien obtenido con fondos ilícitos, tal cual surge de las constancias de la causa donde el encartado Rojo no tiene forma de demostrar sus ingresos económicos”, dice la presentación del abogado Leonardo Berber.

“Lo solicitado tiene lógica y contundencia si valoramos el proceder habitual y natural de la Justicia Federal en otro tipo de casos, como por ejemplo narcotráfico, donde son sobrados los ejemplos de secuestros de la sustancia, dinero, vehículos, telefonía celular y de todo lo producido con la actividad ilícita. Aplicando la misma pauta, de la que no hay razón jurídica valedera para apartarse, resulta procedente la solicitud formulada del secuestro de automotor ofrecido como caución”, añade.

También pide el inmediato secuestro “de los teléfonos celulares, computadoras y cualquier otro aparato con transmisión o almacenamiento de datos donde pudieren surgir comunicaciones entre los denunciados y los damnificados, como de las operaciones ilícitas llevadas a cabo”.

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Edgar Bacchiani

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