Demandas. Exinquilinos deben abonar pagarés firmados en blanco.
Mientras la Justicia Civil y Comercial avanza con la ejecución de pagarés firmados en blanco y el remate de bienes de un grupo de exinquilinos que aseguran haber sido estafados por los dueños o encargados de departamentos de la zona norte de la ciudad, se informó que esos inmuebles estarían conectados en forma irregular a la red de energía de la EC-SAPEM.
En diálogo con El Ancasti, explicaron que se trata de tres edificios de varios pisos, cercanos unos de otros, con aproximadamente 40 departamentos.
Bajo estricta reserva de identidad, por temor a represalias, aseguraron que varias de esas unidades habitacionales no cuentan con su correspondiente medidor de luz y que si bien cada inquilino debe pagar por el servicio, no se entregaría la boleta correspondiente emitida por la SAPEM, ni un comprobante de pago con el detalle de la energía consumida, otorgado por los dueños de los departamentos. "En mi caso, vivía en uno de los 18 departamentos existentes en uno de los tres edificios, de tres pisos y nunca tuve medidor", indico. Explicó que por nota solicitó a la empresa de energía que realice una verificación y la respuesta fue que "encontraron tres edificios con medidores conectados correctamente según acta de comprobación y fotos relevadas, cuando en realidad solamente había seis medidores. Nos hicieron pagar el medidor. Los inquilinos compartíamos un medidor y se pagaba según un cálculo que hacía el dueño de los departamentos", agregó.
El malestar de los damnificados, que a raíz del primer informe emitido por este diario a principio de mes pasó de una veintena a más de 50, se agudizó la semana pasada cuando se conoció que la jueza Comercial de Tercera Nominación, María Vega Romero, ordenó ejecutar el pago de un pagaré que supuestamente había sido firmado en blanco por una exinquilina, por 200 mil pesos más intereses, gastos de juicio y costas.
Tras la publicación de la problemática, en una cuenta de Facebook, quien sería el administrador de los tres edificios en cuestión negó los dichos de los denunciantes y amenazó con publicar videos con registros de los daños con los cuales se entregaron los inmuebles al terminar los contratos de locación.
Hasta el momento un solo damnificado denunció penalmente la supuesta estafa. El resto de los exinquilinos aseguró que por los "aprietes" recibidos por parte del administrador de los edificios y de sus familiares, "tenemos mucho miedo de que nos hagan algo". La denuncia por estafa se tramita desde el año 2021 en la Fiscalía de Instrucción N°4, que en un principio estuvo a cargo de Ezequiel Walther y actualmente depende de Antonella Kranevitter.n