La entidad expresó su preocupación por las intimidaciones y advirtió que las decisiones judiciales deben cuestionarse por las vías institucionales y no mediante amenazas.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca expresó su “profunda preocupación” y su “más enérgico repudio” ante las amenazas e intimidaciones recibidas por los fiscales de Instrucción Penal Martín Camps y Luis Eduardo Córdoba Andreatta.
El pronunciamiento se suma al comunicado difundido horas antes por la Procuración General y la Fiscalía General del Ministerio Público de Catamarca, que también habían repudiado los hechos y respaldado a ambos funcionarios.
Camps, fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, fue amenazado en la sede de la Fiscalía de Andalgalá luego de que se le notificara a un hombre la prórroga de una medida de restricción de acercamiento hacia su expareja. El sospechoso fue detenido y quedó bajo investigación.
En su comunicado, la Asociación de Magistrados señaló que este tipo de situaciones no afectan únicamente a los funcionarios involucrados, sino también al normal funcionamiento de la Justicia y a la independencia con la que deben desarrollarse las investigaciones penales. “Cualquier forma de amenaza, presión o intimidación dirigida contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales o de investigación penal” constituye, según la entidad, una situación de especial gravedad.
La institución manifestó además su solidaridad y acompañamiento a Camps y Córdoba Andreatta, así como a sus respectivos equipos de trabajo, y reclamó que puedan desempeñar sus funciones “con plena libertad, seguridad y sin condicionamientos de ninguna naturaleza”.
En otro tramo del comunicado, la Asociación remarcó que las decisiones adoptadas por magistrados y funcionarios del Ministerio Público pueden ser cuestionadas cuando corresponda, pero exclusivamente mediante las vías institucionales y procesales previstas por la ley. En ese sentido, sostuvo que las amenazas, intimidaciones u otros mecanismos de presión no constituyen vías legítimas para cuestionar las decisiones adoptadas en el marco de una investigación.
La entidad por último destacó que la independencia judicial es un principio esencial del Estado de Derecho y señaló que quienes tienen a su cargo investigar delitos y promover la acción penal deben poder hacerlo “con absoluta libertad, responsabilidad y apego a las garantías constitucionales”.