Jueces denuncian "coerción" y ataques a la independencia judicial tras incidentes en un tribunal
La Red de Juezas y Jueces Penales repudió el ataque al edificio judicial y advirtieron por discursos de deslegitimación hacia el Poder Judicial.
Una ola de violencia sacudió el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Florencio Varela durante el jueves 5 de marzo, luego de que un jurado popular decidiera absolver a un joven acusado de provocar la muerte de una adolescente en un accidente de tránsito. Tras el veredicto, un grupo de personas arrojó piedras, rompió ventanas, dañó vehículos e intentó prender fuego papeles y cortinas en el interior del tribunal, mientras funcionarios, empleados y jurados permanecían adentro. Desde la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresaron su profunda preocupación ante este hecho, al que consideran como una avanzada contra "la independencia judicial" del país.
El caso que derivó en estos incidentes se originó en julio de 2024. Maia Spinelli (17) viajaba como acompañante en un auto y murió tras un violento choque en la intersección de avenida Eva Perón y 12 de Octubre, en Florencio Varela. La investigación apuntó contra Valentino Perrone, conductor del vehículo, quien llegó a juicio imputado por homicidio con dolo eventual y lesiones leves, además de figuras penales alternativas por homicidio imprudente y culposo.
La Red, por su parte, denunció que el juez interviniente sufrió lesiones leves, mientras que otro magistrado e integrantes del jurado padecieron daños materiales. Por otro lado, circunscribieron este tipo de episodios a "problemáticas estructurales" en la justicia argentina. Y aseguraron que este tipo de hechos "no solo [son] un riesgo para la integridad física de las personas sino también condiciones reales de presión incompatibles con la garantía de independencia judicial".
"Advertimos un clima creciente de deslegitimación institucional, alimentado por discursos de descalificación hacia el Poder Judicial, que lejos de fortalecer el debate democrático contribuyen a generar un contexto propicio para la violencia y la intimidación contra quienes tienen un mandato constitucional", señalaron.
Sobre el final del comunicado, los magistrados se solidarizaron con los damnificados y reafirmaron la necesidad de que los concflictos sociales se canalicen "siempre a través de las vías pacíficas y legales". "Solo a partir del respeto mutuo, la responsabilidad en el discurso público y el fortalecimiento de las instituciones podremos construir una sociedad más justa, en la que prime la paz social y el pleno ejercicio del Estado de Derecho en cumplimiento del modelo Constitucional", concluyeron.
Comunicado completo
La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresa su profunda preocupación por el grave hecho de violencia protagonizado por un grupo de personas con motivo del veredicto emitido por un jurado popular, tras el juicio dirigido por el titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.
El pasado cinco de marzo, un grupo de personas disconformes con el veredicto absolutorio del jurado, reaccionó violentamente, arrojó piedras, rompió ventanas e incluso intentó incendiar el edificio judicial, mientras empleados, funcionarios judiciales y jurados populares se encontraban en su interior. Como consecuencia de estos hechos, el juez interviniente sufrió lesiones leves, mientras que otro magistrado y los integrantes del jurado padecieron daños materiales.
Este tipo de episodios se inscriben en un problema estructural y en una escalada de sucesos semejantes que afectan la independencia judicial, en tanto constituyen una forma directa de coerción destinada a condicionar la actuación y las decisiones de jueces, jurados populares y órganos revisores.
Las partes del proceso deben contar con una contención institucional oportuna de las agencias estatales competentes que deben velar por su interés concreto, pero estos hechos no pueden justificarse ni ser minimizados o tolerados, porque generan no solo un riesgo para la integridad física de las personas sino también condiciones reales de presión incompatibles con la garantía de independencia judicial.
Advertimos un clima creciente de deslegitimación institucional, alimentado por discursos de descalificación hacia el Poder Judicial, que lejos de fortalecer el debate democrático contribuyen a generar un contexto propicio para la violencia y la intimidación contra quienes tienen un mandato constitucional.
Nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras que diariamente prestan el servicio de justicia, así como con los jurados populares que, en el marco de un juicio por jurados, representaban la participación del pueblo bonaerense en la administración de justicia.
Frente a hechos como los ocurridos, resulta imprescindible reafirmar el compromiso con el respeto a las instituciones, el diálogo democrático y la convivencia pacífica, sin desoír el sufrimiento de las personas.
La resolución de los conflictos en una sociedad democrática debe canalizarse siempre a través de las vías pacíficas y legales. Solo a partir del respeto mutuo, la responsabilidad en el discurso público y el fortalecimiento de las instituciones podremos construir una sociedad más justa, en la que prime la paz social y el pleno ejercicio del Estado de Derecho en cumplimiento del modelo Constitucional.
