El fiscal de Instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, Distrito Oeste, inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de la Provincia en relación con la ocupación ilícita, uso o aprovechamiento de sectores de dominio público próximos al cauce, lecho y línea de ribera del río El Tala, particularmente en inmediaciones del Camping Municipal y de la Ruta Provincial N°4.
La presentación fue acompañada por un informe técnico sobre la evaluación del riesgo hídrico y la amenaza hidrogeomorfológica en la quebrada del río El Tala. De acuerdo con la documentación aportada, ante determinados fenómenos meteorológicos podrían generarse situaciones de peligrosidad fluvial que representarían un riesgo para las personas y los inmuebles ubicados en el sector.
En este contexto, la Fiscalía dispuso una serie de medidas dirigidas a determinar la situación dominial de los terrenos, individualizar los inmuebles y a las personas que se encuentran en el lugar y establecer las características y la antigüedad de cada ocupación. La investigación procura establecer si se configuraron conductas que podrían encuadrar en el delito de “usurpación”.
Entre las diligencias ordenadas a distintos organismos del Estado provincial y municipal, se encuentran un relevamiento de las zonas señaladas, la recopilación de antecedentes dominiales, administrativos y posesorios, y asimismo una inspección ocular con registro fotográfico y georreferenciado junto la recepción de declaraciones testimoniales.
También la Fiscalia solicitó informes a la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), a través de la Dirección Provincial de Catastro; al Registro de la Propiedad Inmobiliaria; a la Dirección Provincial de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos; a la Municipalidad de la Capital; a la Dirección Provincial de Defensa Civil; a la Dirección de Vialidad Provincial y a la empresa EC SAPEM.
El inicio de la investigación penal no reemplaza ni suspende las actuaciones administrativas de prevención, fiscalización, control territorial y protección civil que corresponden a los organismos públicos provinciales y municipales dentro de sus respectivas competencias.