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SUSCRIBITE Víctima. Sonia Liliana Garabedian. Doce años después imputaron a su ex.
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SUSCRIBITECasi doce años después de la muerte de Sonia Liliana Garabedian, la Fiscalía decidió imputar a Roberto Barros, exmarido de la mujer, por "abandono de persona seguido de muerte agravada por el vínculo" y le impuso restricciones.
La noticia de la imputación fue confirmada ayer por la tarde por el abogado Iván Sarquís, patrocinante legal de "Lola" Carrizo, madre de Liliana.
El cuerpo de Garabedian fue encontrado el 12 de diciembre de 2010
La fiscal de la causa, Yésica Miranda, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 1, dispuso avanzar sobre la participación criminal de Barros y lo llamó a indagatoria. El Ministerio Público Fiscal no ordenó la detención contra el hombre pero sí le impuso una serie de restricciones.
La imputación contra Barros se conoce luego de que una pericia de Gendarmería Nacional fuera contundente al afirmar que Liliana Garabedian había sido estrangulada. Este informe pericial se conoció en septiembre. El documento fue firmado por el Equipo Tanatológico de Gendarmería Nacional que arrojó similares conclusiones a las del Equipo Argentino de Antropología Forense. Es decir que Garabedian había muerto a causa de asfixia por estrangulamiento.
Tras conocerse las conclusiones de Gendarmería Nacional, Sarquís efectuó ante la fiscal Miranda el pedido de detención e imputación para Barros por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía". Además pidió que sea apartado como querellante.
El caso
El 12 de diciembre de 2010 fue encontrado el cuerpo sin vida de Sonia Garabedian (37). Fue hallado boca abajo, debajo de un árbol en un descampado próximo a Nueva Coneta, tras haber sido denunciada como desaparecida por su familia.
En aquella ocasión, el informe de autopsia había concluido que Sonia Liliana falleció por inanición y deshidratación.
Sin embargo, su madre Leonilda Carrizo y su círculo íntimo no abonaron esa hipótesis y sostenían que la mujer oriunda de Buenos Aires había sido asesinada. La causa pasó por cinco fiscales y hubo dos pedidos de archivo. El más reciente había sido rechazado por el juez de Control de Garantías, Héctor Rodolfo Maidana, quien había ordenado que se avance con la investigación.
