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Presentará un recurso de casación

Fiscalía Federal insistirá en la causa de estupefacientes de García Coronado

El Tribunal Oral Federal lo absolvió. Llegó acusado de ser socio de los hermanos Barakat, condenados en 2018.

14 de agosto de 2026 - 20:32

Tras la absolución por el beneficio de la duda de José Luis “Chato” García Coronado, el Ministerio Público Fiscal insistirá con la causa y presentará un recurso de casación. García Coronado llegó a debate oral el pasado 16 de junio, imputado por el presunto delito de “producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes, agravado por la participación, en su consumación, de tres personas organizadas para cometerlo”. Para la Fiscalía, él era socio de los hermanos sirios Barakat Barakat y Fadel Barakat, condenados en 2018 a 12 años de prisión.

El Tribunal Oral Federal estuvo integrado por los jueces Federico Bothamley, Abelardo Basbus (ambos de Santiago del Estero) y Jorge Chamia (La Rioja); los magistrados participaron de las audiencias de manera remota, debido a cuestiones de agenda en sus respectivas jurisdicciones. Por unanimidad, resolvieron la absolución por el beneficio de la duda para el acusado. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y la fiscal auxiliar María Correa. El acusado fue asistido por el defensor federal Hugo Vizoso.

En este nuevo juicio, los fiscales se basaron en la misma prueba con la que se condenó a los hermanos Barakat como una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, con un tercer integrante. Para la Fiscalía, García Coronado facilitó la inscripción comercial y permitió la compra de insumos que los hermanos Barakat no podían adquirir por sí mismos. A la vez, se explicó que ese vínculo fue corroborado a través de dos poderes amplios otorgados en 2003 y 2005 por García Coronado, quien había entregado copia de los mismos al Ministerio Público. La Fiscalía mantuvo la acusación y pidió una pena de 10 años de prisión. A su turno, la defensa pidió la absolución. Sin embargo, la nueva integración del TOF, pese a la prueba y la condena anterior, absolvió al acusado.

"Vamos a buscar que el Tribunal en Casación revise la sentencia con la que estamos en total desacuerdo. Consideramos que García Coronado fue necesario y según la lectura del veredicto, los jueces realizaron una equívoca valoración porque nosotros nunca lo acusamos de fabricación de estupefacientes, sino de su participación, fue necesaria porque estaba inscripto en los organismos públicos correspondientes como habilitado para la compra y venta al por mayor de productos farmacéuticos", remarcó la fiscal auxiliar Correa, tras escucharse el veredicto absolutorio.

La representante del Ministerio Público Fiscal Federal recordó que los precursores químicos fueron hallados en la casa de Icaño, donde se cometió el doble crimen y en la que se halló la cocina de droga. "Estaba la lidocaina y la dipirona, que son elementos para estiramiento y corte de estupefacientes, y para estirar el producto final que es la cocaína que fue fabricada en esa cocina. De los tres (los hermanos Barakat) y García Coronado, éste era el único que estaba habilitado. Consideramos que su aporte fue necesario porque están las facturas que prueban que los productos estaban a su nombre, vendidos por la Droguería Libertad SA", remarcó.

Expediente

El requerimiento de elevación a juicio original data del 15 de diciembre de 2017, pero como García Coronado se encontraba prófugo en ese momento, la acusación se formuló entonces solo contra los hermanos Barakat. El proceso con relación a él se reanudó tras su detención, en marzo de 2023.

La investigación lo vinculó a la causa a través de la compra de 25 kilos de clorhidrato de lidocaína a la Droguería Libertad S.A., cuyo cuñete fue hallado en el laboratorio de cocaína de Icaño y que, según los remitos adjuntados a la causa, tenía como destinatario directo a “García Coronado José L.”. La documentación aportada por la droguería acreditó además que García Coronado y Barakat Barakat realizaban operaciones de compras conjuntas y coordinadas para hacer llegar las sustancias hasta Salvador Mazza, Salta. El pedido de elevación a juicio para García Coronado es de octubre de 2024.

En la primera audiencia, García Coronado dio su versión. Comentó que es de nacionalidad boliviana y que tiene DNI para radicados en Argentina. Aseguró que se dedica a la venta de sándwiches de lomito y que es taxista. “Terminé el secundario de adulto y al momento de los hechos vendía carne en Bolivia”, precisó.

Con relación a la causa que lo llevó al banquillo de los acusados del TOF, insistió en su inocencia. “Soy totalmente ajeno a los hechos. Residía en Bolivia”, indicó. Según García Coronado, él desconocía los hechos hasta la detención. Cuando le tomaron declaración indagatoria, reconoció que conocía a los hermanos Barakat. “Se agarraron de eso para vincularme. Es evidente que hicieron uso de mi identidad. No estoy inscripto en Comercio. Soy ajeno a la causa. Me vinculan por haberlos conocido”, insistió.

En noviembre de 2018, cuando el TOF juzgó y condenó a los hermanos sirios Barakat Barakat y Fadel Barakat, el entonces fiscal federal Rafael Vehils Ruiz mencionó a García Coronado de manera explícita durante su alegato: "Los hermanos compartían depósitos. Las sustancias encontradas en Icaño fueron aportadas por los hermanos Barakat y por García Coronado —prófugo—".

Ese juicio, presidido por los jueces Juan Carlos Reynaga, Adolfo Raúl Guzmán y Enrique Lilljedhal, terminó el 20 de noviembre de 2018 con una condena de 12 años de prisión para cada uno de los hermanos sirios, hallados culpables como "partícipes necesarios en la fabricación de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas organizadas, en concurso real con el almacenamiento de materias primas destinadas a ese fin".

Estrategia

Mientras la causa se tramitaba para la realización de este nuevo debate, “Chato” García Coronado propuesta la realización de un juicio abreviado. A tal fin, el acusado admitía su responsabilidad y entre la defensa y la Fiscalía podía llegarse a un acuerdo del monto de la condena, entre un mínimo de seis años y un máximo de 20. No obstante, la propuesta fue rechazada por la Fiscalía, se fijó una nueva fecha y, tras varias audiencias, el debate finalizó el 8 de julio.

La punta del ovillo

La ejecución de un matrimonio en La Paz en diciembre de 2010 disparó una pesquisa que conectó a precursores químicos de Salvador Mazza con la ruta del narcotráfico que atravesó el NOA y llegó hasta Buenos Aires. La noche del 13 de diciembre de 2010, Mario Alberto “Kempes” Córdoba ingresó a una vivienda de la localidad de Icaño, La Paz, y mató a Ángel Chamez e Hiladia Vallejos, un matrimonio de ancianos. Los asesinó a balazos y cuchilladas. Córdoba fue detenido, juzgado y condenado a prisión perpetua por ese doble crimen.

Cuando la policía realizó las pericias en el lugar, encontró una “cocina” de cocaína: botellas de acetona, éter sulfúrico, ácido clorhídrico, amoníaco, manitol, dipirona, un cuñete de 25 kilos de lidocaína y casi tres kilos de cocaína. El lugar pertenecía al entorno de Elías “El Turco” Exeni, hijo de Hiladia Vallejos, con antecedentes en el mundo narco.

Los investigadores de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) tomaron la causa en 2016 y rastrearon la trazabilidad de cada una de esas sustancias. El camino los llevó al norte de Salta. La lidocaína tenía el sello de la Droguería Libertad y había sido comprada por José Luis García Coronado, empresario de Salvador Mazza y socio de los hermanos Barakat Barakat y Fadel Barakat, comerciantes de esa misma localidad fronteriza.

Los allanamientos sobre los inmuebles de los hermanos Barakat, en julio de 2016, confirmaron la sospecha: más de 80 toneladas de bicarbonato de sodio —precursor químico utilizado en la fabricación de cocaína— estaban almacenadas allí bajo la apariencia de un comercio mayorista. La causa tomó forma y fue a juicio oral en noviembre de 2018.

El hilo no terminaba en Salvador Mazza. La Droguería Libertad, según estableció la investigación, había importado el 37% de la efedrina que entre 2004 y 2008 fue a parar a manos de organizaciones narco vinculadas al Triple Crimen de General Rodríguez —el asesinato en Buenos Aires de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, caso emblemático de la llamada “ruta de la efedrina”—.

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