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SUSCRIBITE Imputado. Intendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz.
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SUSCRIBITELuego del rechazo de la Cámara de Apelaciones al planteo realizado por la defensa del intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz (64), que consistía en que la víctima vuelva a declarar, desde la querella aseguraron que hay pruebas suficientes para que el jefe comunal vaya a juicio.
El abogado querellante, Luis Muñoz y Pérez, comentó que se ordenó remitir de manera urgente el expediente a la Fiscalía de Instrucción Nº 4, a cargo de Antonella Kranevitter, para que allí se resuelva si restan pruebas por producir en la causa.
Según Muñoz y Pérez, solo quedaría tomar el testimonio de una o dos personas, propuestas por la defensa de Guaraz, presuntamente.
En otra instancia, el letrado dijo que la víctima, a quien representa, atravesó un proceso estresante.
“Se ordenó que se remita urgente el expediente a Fiscalía, donde (la fiscal) Kranevitter resolverá si quedan algunas pruebas que producir. A mi parecer, son uno o dos testimonios más que son de abono por parte de la defensa. Pero yo creo que la plataforma fáctica y las pruebas que existen en el expediente son las suficientes para hacer el requerimiento de elevación a juicio”, señaló Muñoz y Pérez.
El abogado de la sobreviviente insistió en que “las medidas probatorias que ya existen en el expediente, a mi criterio, resultarían las correspondientes para hacer el elevamiento”. En este sentido, añadió que será cuestión del Ministerio Público Fiscal definir “si es que queda alguna medida más, las deberá producir ahora en el transcurso del año. Calculo que quedaba solamente un testimonio nada más para realizar, propuesto por la defensa”.
Por último, se refirió a su asistida y remarcó que “si bien el veredicto de la Cámara de Apelaciones es favorable, creo que las víctimas transitan por lo general, un proceso totalmente estresante al haber vivido y al seguir viviendo y, al estar a la expectativa constantemente de no ser revictimizada”.
En la presentación, Guaraz pedía que la denunciante volviera a prestar declaración, pedido que había sido rechazada en primera instancia por la fiscal Kranevitter y luego por el Juzgado de Control de Garantías Nº 4, al considerar que se la ponía en una situación de revictimización. El jefe comunal aún puede recurrir a la Corte de Justicia.
Según consta en la denuncia, Guaraz habría comenzado a acosar a la joven cuando ella tenía 14 años. En ese entonces, se sirvió del cargo de jefe comunal para ofrecer un trabajo en el municipio a la madre de la chica, algo que la mujer aceptó.
Luego y durante casi 5 años, la habría hostigado y amenazado con quitarle el trabajo a su madre si ella no accedía a los abusos. Al cabo de un tiempo, la joven se negó a seguir viéndolo, por lo que, siempre según la denuncia, Guaraz la habría secuestrado llevándola a la fuerza hasta su casa, la encerró, la golpeó y finalmente la violó.
