La organización de comunicadoras sociales feministas Eulalias manifestó su preocupación tras el fallo emitido por la Corte de Justicia en el denominado “caso Coria”, al considerar que la resolución deja abierto un profundo debate sobre la valoración de la prueba en delitos sexuales y el alcance real de la perspectiva de género dentro del sistema judicial.
"El caso investigó cinco hechos de abuso sexual simple ocurridos en un contexto de relación laboral jerárquica entre empleador y empleada. En primera instancia, la Justicia había condenado al acusado al considerar acreditados los hechos en concurso real, valorando de manera integral la declaración de la víctima, testimonios coincidentes de otras trabajadoras, pericias psicológicas, el contexto de hostigamiento y subordinación, además de una filmación donde se observaba uno de los episodios denunciados.
Sin embargo, las juezas de la Corte Fernanda Rosales y Verónica Saldaño consideraron que parte de esa valoración excedía el estándar probatorio requerido en materia penal. Si bien reconocieron la existencia de un contexto de violencia laboral y hostigamiento, entendieron que ello no alcanzaba para acreditar determinados abusos sexuales como delitos autónomos.
A partir de esta interpretación, la condena fue morigerada y el imputado no deberá cumplir prisión efectiva", manifestaron.
Desde Eulalias señalaron que allí radica la principal preocupación, ya que incluso existiendo una prueba fílmica que corroboraba parte sustancial del relato de la víctima, las magistradas consideraron insuficiente la valoración contextual e integral de la prueba.
“Entonces, resulta inevitable preguntarse qué sucede en aquellos casos donde no existen registros audiovisuales y la principal evidencia continúa siendo la palabra persistente de la víctima, acompañada de indicios y testimonios periféricos”, expresaron.
La organización aclaró que el planteo no busca desconocer garantías constitucionales ni relativizar el principio de inocencia, pero sí abrir una discusión sobre cuáles son, en la práctica, los estándares de prueba que continúan exigiéndose en delitos sexuales cometidos en contextos de subordinación y asimetría de poder.
Asimismo, remarcaron que este tipo de violencias rara vez ocurren frente a terceros o en condiciones “ideales” para quien denuncia, ya que suelen estar atravesadas por miedo, dependencia económica, naturalización y relaciones profundamente desiguales.
También cuestionaron las desigualdades que persisten dentro del propio sistema judicial, donde —afirmaron— no todas las personas cuentan con los mismos recursos económicos, jurídicos y emocionales para sostener años de litigio y revisiones permanentes de sus relatos.
Finalmente, sostuvieron que el fallo genera debate no porque niegue expresamente la perspectiva de género, sino porque deja abierta una pregunta “incómoda pero necesaria”: cuál es su verdadero alcance práctico al momento de valorar la prueba en delitos sexuales.