En un año se elevaron a juicio 1279 causas, 114 fueron delitos contra la integridad sexual
Los fiscales de instrucción penal de las distintas fiscalías que componen la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial de la provincia elevaron a juicio 1.279 causas penales (83 se resolvieron en juicios abreviados) entre septiembre del 2023 y septiembre del 2024. De ese total, 114 corresponden a delitos contra la integridad sexual, lo que representa el 9% de las causas que llegaron a esta etapa judicial. Las estadísticas se actualizan mensualmente bajo la supervisión de la Fiscalía General.
La Primera Circunscripción Judicial, que incluye las 9 fiscalías de instrucción, la Fiscalía Penal Juvenil y la Fiscalía de Violencia de Género, envió a juicio 75 causas por delitos contra la integridad sexual. Por su parte, la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, con sede en Recreo, La Paz, elevó 16 causas relacionadas con violencia sexual durante el mismo período.
En todos los casos, los hechos denunciados, son investigados con un enfoque multidisciplinario, con la participación de psicólogos, médicos forenses garantizando el trato respetuoso a la víctima y que las pruebas sean recolectadas con precisión. Los procesos pasan por imputaciones, indagatorias, audiencias de control de detención de prisión preventivas. Presentaciones de las partes, oposiciones y planteos.
En este sentido, la Procuración General implementará desde noviembre próximo un nuevo protocolo de investigación y litigación para los delitos contra la integridad sexual, con el objetivo reforzar la coordinación y elevar la eficiencia en cada fase del proceso judicial.
Nuevo protocolo de Investigación y Litigación de casos de violencia sexual
La Procuración General de la Corte de Justicia aprobó la implementación para el Ministerio Público Fiscal el nuevo Protocolo de Investigación y Litigación de casos de violencia sexual, documento elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
A través del convenio vigente con el Ministerio Público Fiscal de la Nación se dispuso su incorporación a nivel provincial, recomendando su aplicación a las y los representantes del Ministerio Público Fiscal durante la investigación penal preparatoria, así como en las etapas de debate y ejecución de la pena.
El protocolo desarrolla un abordaje jurídico pormenorizado sobre la violencia sexual y sus diversas manifestaciones; las condiciones, características y vigencia del consentimiento, así como pautas para su valoración; los estándares internacionales aplicables a la investigación de este tipo de hechos; los distintos ámbitos y contexto de ocurrencia; la recolección y sistematización de medidas probatorias y el diseño de una teoría del caso por violencia sexual.
Su aplicación en la provincia tiene como principal objetivo mejorar la capacidad de respuesta y elevar los niveles de eficacia del Ministerio Público Fiscal frente al flagelo de la violencia de género y la violencia sexual en particular, visibilizando el carácter estructural del fenómeno con miras a contribuir a su prevención y erradicación, asegurando que la actuación del organismo se ajuste a los estándares fijados por las Leyes 26485 de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a ley 27372 de protección de los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, entre otras normativas.