El exintendente presentó designó nuevos abogados defensores. El debate dará inicio el 22 de octubre.
El segundo juicio en contra del exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, fue reprogramado. Para este jueves estaba previsto el inicio del debate en contra de Guaraz, quien está imputado por el delito de abuso de autoridad en calidad de autor, en el Juzgado Correccional N° 1.
El arranque no se pudo concretar puesto que el exjefe comunal designó nuevos abogados defensores: se trata de Jorge Bracamonte (H) y de Gabriel Quiroga Barros, en reemplazo del letrado Luciano Rojas.
Ante esta situación, el comienzo del debate se trasladó para el 22 de octubre de este año.
Este margen de tiempo le permitirá a la nueva defensa de Guaraz conocer el expediente y las pruebas que serán tratadas durante el juicio.
La imputación contra Guaraz se encuadra formalmente en la figura de abuso de autoridad en calidad de autor, contemplada en los artículos 248 y 45 del Código Penal.
La acusación fiscal sostiene que el imputado utilizó atribuciones propias de su cargo ejecutivo para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente.
Esta causa inició por lo sucedido en mayo de 2021 en Bañado de Ovanta.
El expediente sostiene que Guaraz, en su función de intendente, rubricó el Decreto Municipal Nº 23/2021 para decretar el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento "San Antonio", administrado por Shirli Claribel Cordero. Según la investigación judicial, el exjefe comunal impidió que la dueña abonara las tasas tributarias adeudadas mediante el bloqueo de las vías administrativas locales para forzar la irregularidad del comercio.
De acuerdo con las actuaciones de la instrucción, el mecanismo utilizado consistió en impedir intencionalmente que la propietaria del establecimiento pudiera cancelar sus obligaciones tributarias en las dependencias municipales.
Tras bloquear los canales administrativos ordinarios para la regularización de las deudas, el Ejecutivo local emitió la norma que ordenó la clausura total y preventiva del local comercial.
La Fiscalía determinó que el uso del poder comunal buscó castigar a la dueña del local tras sus reiteradas negativas a los acercamientos personales y propuestas de índole sexual del exmandatario.
La Corte de Justicia de Catamarca intervino en octubre de 2021 y dejó sin efecto el decreto de clausura por unanimidad, permitiendo la reapertura del inmueble al evidenciar la ilegalidad de la medida ejecutiva.
Condena
Guaraz llega a este banquillo en una condición de encierro previa.
En septiembre de 2024, un tribunal colegiado lo condenó a nueve años de cárcel tras hallarlo culpable de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada por un hecho ocurrido en 2019 contra una menor.
La Sala Penal de la Corte provincial rechazó los planteos de la defensa en febrero de 2026, dejando firme el fallo y ordenando su inmediato traslado al penal de Miraflores.