martes 19 de marzo de 2024
Según el exministro de seguridad cordobés

El caso Blas fue "violatorio de los derechos humanos"

Para Alfonso Mosquera, el crimen del joven "constituye una de las páginas más oscuras de la policía de Córdoba".

El exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera consideró este jueves que el crimen del adolescente de 17 años Valentín Blas Correas, durante un operativo de control vehicular en la capital provincial en 2020, constituye "una de las páginas más oscuras de la policía" cordobesa, ya que se trató de un hecho de “violencia institucional y violatorio de los derechos humanos”. Mosquera se expresó así al declarar como testigo en el juicio por jurados al que son sometidos 13 policías por el crimen cometido en agosto de 2020 y el posterior encubrimiento.

El exministro y actual legislador provincial, quien estaba entonces a cargo del área de Seguridad, dijo en la audiencia número 24 del debate que lleva adelante el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen, que el asesinato de Blas “constituye una de las páginas más oscuras de la policía de Córdoba”. Seguidamente, añadió que se trató de un acto de "violencia institucional y flagrantemente violatorio de los derechos humanos".

Ante la consulta de por qué consideraba que hubo violencia institucional, Mosquera respondió que del hecho criminal participaron funcionarios policiales en actividad que “infringieron todas las normas legales y de procedimientos”, además del “acuerdo delictual” para disparar al automóvil donde se movilizaba Blas con sus cuatro amigos.

Asimismo, el exministro de Seguridad consideró que la conducta de los policías Javier Alarcón y Lucas Gómez de disparar a un vehículo en movimiento, fue una “reminiscencia clara de las etapas más críticas de la represión ilegal”. “Si no había intercambio de disparos de arma de fuego; si no había sido el automóvil un arma impropia, no había ninguna causa para que abrieran fuego” los efectivos policiales, aseveró en su testimonio el exfuncionario.

Además, afirmó que cuando tomó conocimiento de los hechos le informó al gobernador Juan Schiaretti, a quien, dijo, “nunca” vio "tan apesadumbrado por la situación" en sus más de 30 años de actividad.

"Me dio directivas concretas para ponerme en contacto con la familia y de llegar a fondo con este hecho aberrante”, agregó Mosquera, quien había sido duramente cuestionado semanas atrás por otros jefes policiales que declararon en el debate. Uno de ellos fue el exsubdirector general de Seguridad Zona Sur de la ciudad de Córdoba, comisario retirado Gonzalo Cumplido, quien dijo que Mosquera "evadió todas sus responsabilidades" y lo acusó de prohibirle visitar a la familia de Blas para manifestarle sus condolencias: "Vos no vas a ningún lado. Esa familia está haciendo política", aseguró que le respondió el exministro.

Escucha

En otro tramo de su testimonio se le hizo escuchar un audio de una conversación con un jefe policial, en donde alertaba sobre posibles disturbios debido a que la víctima era de la “clase media y se temía un desborde social”. También calificó de “aberrante” que luego de los disparos al automóvil los policías hayan “implantado un arma trucha” para tratar de justificar la balacera e “inculpar” a los adolescentes con un falso enfrentamiento.

Se le preguntó también por qué el suboficial Alarcón, habiendo reprobado el curso obligatorio de tiro, estaba armado y activo, a lo que Mosquera respondió que eso era un “responsabilidad” de la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate Belleti, quien al momento del hecho era la directora general de Recursos Humanos. “Es grave que una persona que no está apta para portar un arma de fuego lo haga”, remarcó Mosquera.

El juicio y los acusados

En este juicio se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando Blas y cuatros amigos adolescentes circulaban en un automóvil Fiat Argo por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa.

En ese trayecto evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma, seguidamente dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Gómez (37) que, según la Fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, una de las balas impactó en Blas, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades. Ambos afrontan cargos como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".

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Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguill, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica. Los cargos que enfrentan son de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público". De acuerdo con la investigación, se les imputa, entre otras cuestiones, por haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento con los chicos, se remarcó.

Exfuncionario declaró que no conoce la causa Blas

El exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, Lucas Mezzano, dijo este miércoles en el juicio por el crimen de Blas Correas (17), asesinado de un balazo en un control policial en Córdoba en agosto de 2020, que “nunca” leyó ni se interiorizó de ese hecho y que lo único que desde esa cartera se pretendía era que el caso “se resolviera lo más rápido posible”.

Mezzano, quien cumplía esa función cuando ocurrió el crimen del adolescente y que hoy se desempeña en el Tribunal de Conducta Policial, afirmó que no tenía competencia ni intervención sobre esos casos, al sostener que su función tenía que ver con “políticas de seguridad ciudadana vinculada a lo territorial con las organizaciones sociales”.

“Nunca me interioricé sobre lo que le ocurrió. No leí la causa, no vi videos de las cámaras ni escuché los audios” de las radiofrecuencias policiales, respondió el exfuncionario al ser consultado por el fiscal Marcelo Hidalgo y el querellante Alejandro Pérez Moreno sobre qué sabía de lo que le había ocurrido a Blas.

En ese sentido, dijo que se enteró a las 8.30 del 6 agosto de 2020, más de ocho horas después del crimen, que “la policía había matado a un chico en un auto que había evadido un control”, porque se lo había comentado el entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, cuando fue a la oficina de esa cartera, y que después tomó conocimiento del “plantado” de un arma.

Mezzano también negó que, junto al exministro, hayan sido parte de un “complot político, judicial y policial” en contra de quien fuera el subdirector general de Seguridad Zona Sur de la ciudad de Córdoba, comisario retirado Gonzalo Cumplido.

Cumplido, cuando había declarado como testigo el 26 de octubre, había afirmado que tanto Mosquera como Mezzano “evadieron todas sus responsabilidades” con el hecho, y que cuando ocurrió el asesinato le ordenaron oficiar como “vocero” del caso ante la prensa para perjudicarlo y que le habían ofrecido un cargo en el Ministerio de Seguridad que nunca cumplieron.

El tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen admitió este miércoles el pedido de la Fiscalía para que se realice un “careo” entre Mezzano y Cumplido para tratar de aclarar varias contradicciones en las exposiciones de ambos, trámite procesal que aún no tiene fecha. Los jueces, junto a los miembros del jurado popular, también receptaron el testimonio del exdirector general de Seguridad Capital, comisario mayor Gustavo Piva, a quien habían pasado a retiro obligatorio el día después del asesinato del adolescente.

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