Por Carlos Bulacio.
sábado 7 de septiembre de 2024
Apuntó a la imputada Andrea Pacheco, pareja de un empleado del Registro de la Propiedad que operaba como pocero para Bacchiani.
Por Carlos Bulacio.
El abogado Paulo Gustavo Ibáñez, exonerado de la Administración Pública, sospechado de haber ordenado a dos subalternas que no carguen en el sistema del Registro de la Propiedad Inmobiliaria el cambio de titularidad de dos importantes inmuebles a nombre de Edgar Bacchiani -detenido por múltiples delitos-, denunció a la escribana pública Miriam Mamaní y a Etelvina Villafañe, funcionarias de esa repartición.
"Denuncié lo que se observa en el expediente, que es el falso testimonio de las dos testigos: la escribana Mamaní, que en ese momento, enero de 2022, era la directora de Publicidad, y a Villafañe, porque está clara la falsedad. Le pedí al fiscal de la causa Barros Jorrat que las impute por falso testimonio agravado porque es en desmedro mío, uno de los tres imputados de la causa", comentó Ibáñez.
En diálogo con El Ancasti, el exjefe del Departamento Folio Real de esa repartición explicó que en la causa también están imputadas Norma Bravo y Andrea Pacheco, los tres por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores".
"Pacheco es la responsable principal de que no se haya cargado el cambio de titularidad de los inmuebles a nombre de Bacchiani. Ella estaba en pareja con otro empleado que era pocero, que juntaba dinero y tenía contacto con los poceros de Bacchiani", agregó.
"Por ahí creo que viene la línea de cómo se hizo todo esto, aprovechando que estuve ausente toda esa semana en que todo ocurrió, porque si yo hubiera estado esto jamás hubiera sucedido. Jamás hubiera puesto en juego mi nombre y mi prestigio por una situación como esa", aseguró.
Recordando que en el Registro trabajó 19 años, tres como becado y los últimos tres con título de abogado, acusó a la entonces directora de la institución.
"Toda la maniobra se encubrió con la venia de la directora Claudia Patricia Valdez, quien me incriminó en los medios y en la justicia para direccionar la investigación. Yo no soy culpable pero sé bien quiénes lo son", remarcó.
"Valdez, quien apresuradamente halló un culpable para salvar su cabeza porque la primera responsable dentro del organismo era ella, tenía vínculos con escribanías que estaban fuertemente cuestionadas, como ser la escribanía Gandini. ¿Por qué después la sacaron del organismo y la mandaron a una asesoría? Queda demostrado que la destituyeron porque hizo mal las cosas", sentenció Ibáñez.
Hizo hincapié en que su exoneración aún no está firme y que con el patrocinio del abogado defensor Sebastián Ibáñez presentó "un recurso de reconsideración para que el Gobernador o el Vicegobernador –que es quien firmó la medida-, revea el caso y dé marcha atrás. Y si esto me es denegado, voy a recurrir a la Corte de Justicia en un contencioso administrativo porque hubo arbitrariedad y avasallamiento de mis garantías constitucionales".
Remarcó que pidió a la Fiscalía que remita al Juzgado de Control de Garantías correspondiente su solicitud de sobreseimiento total y definitivo, y adelantó: "Voy a ir hasta las últimas consecuencias para que se demuestre que soy inocente. Soy el chivo expiatorio para tapar a Norma Bravo, Andrea Pacheco y por encima de ellas a otros que no fueron implicados a costa mía. Solo a mí me secuestraron el celular, a ellas no. Solo yo dejé de percibir mis haberes y quedé sin obra social cuando esto surgió. No salí a hablar en los medios en estos dos años y medio porque como hombre de derecho respondí primero ante la Justicia y ahora vengo a ejercer mi derecho a réplica, que es como debe ser".
La denuncia por adulteración del sistema registral fue realizada por Valdez, quien acusó a Ibáñez de ordenar no cargar los dos inmuebles a nombre de Bacchiani.
La maniobra quedó evidenciada cuando el organismo que depende directamente de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) contestó un oficio de la Justicia solicitado por AFIP y los querellantes de la causa Bacchiani.
La gravísima irregularidad salió a la luz tres meses antes de que el fundador de Adhemar Capital SRL sea detenido por orden de la Justicia Federal.
Al cierre de esta edición, fuentes judiciales informaron que el fiscal Barros Jorrat notificó a las partes intervinientes sobre la pretensión de sobreseimiento a la querella, ejercida por el fiscal de Estado Marcos Denett, y el defensor de las coimputadas Bravo y Pacheco, quienes deberán expedirse prontamente.
Edgar Bacchiani fue detenido el 22 de abril de 2022 y desde ese momento se llevaron a cabo centenares de medidas judiciales ordenadas por la Justicia Federal de Catamarca.
El comienzo del fin de su aventura cripto comenzó a mediados del año 2021, cuando Bacchiani entró en cesación de pagos y la reformulación compulsiva de contratos de inversión para quienes no podían cobrar las utilidades prometidas ni recuperar los capitales ingresados a esa financiera. Bacchiani está alojado en el penal de Miraflores, imputado como "coautor de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita". Para el juez Miguel Ángel Contreras, por la complejidad de la causa "sería la maniobra defraudatoria de mayor envergadura de la historia judicial de nuestra región, siendo Bacchiani el principal responsable de la misma".
Cumplió dos años de prisión preventiva y en mayo de este año esa condición se prorrogó por un año más.