Entre los citados a declarar por nuevos hechos figuran Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete, considerados por la Justicia como piezas centrales en el esquema bajo investigación.
El fiscal federal Franco Picardi le pidió al juez Ariel Lijo un total de 27 indagatorias de funcionarios y empresarios en el marco de la causa donde se investiga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por el desvío de más de $75.000 millones a través de compras de insumos médicos.
La acusación en el expediente sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría desarrollado un esquema de direccionamiento de contrataciones que permitió beneficiar a un grupo específico de proveedores. De acuerdo al dictamen del fiscal, las maniobras habrían implicado la erogación de $75.478.149.019 del Estado.
Entre los principales señalados figuran los funcionarios Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto a los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Según Picardi, las compras de insumos de alto costo habrían sido direccionadas para que determinadas empresas resultaran adjudicatarias, en un esquema que incluía el pago de retornos.
La causa también involucra a más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas, todos ellos destinados a personas con discapacidad o enfermedades graves.
Estos insumos eran canalizados mediante el Programa Incluir Salud, que depende de la Andis y está orientado a personas en situación de vulnerabilidad sin cobertura médica. La investigación indica que ese circuito habría sido utilizado para favorecer a proveedores determinados, en detrimento de los objetivos del programa.
Entre las irregularidades detectadas se mencionan la discrecionalidad en la selección de empresas, el uso de información privilegiada para facilitar adjudicaciones y posibles acuerdos entre proveedores. Además, se analiza la eventual participación de empresarios en decisiones internas del organismo.
Al pedido de indagatoria de Spagnuolo y Calvete, se suman el de Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués.
Hasta el momento, 19 personas fueron procesadas y la fiscalía continúa con medidas de prueba para determinar el alcance de las responsabilidades, incluyendo el análisis del circuito financiero ante posibles maniobras de lavado de activos.
La investigación cuenta con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, en un expediente que sigue en desarrollo y que pone bajo revisión el funcionamiento de los mecanismos de contratación dentro del organismo.
