La ministra de Corte Fernanda Rosales Andreotti puso énfasis en una adecuada investigación y en la presentación de la prueba.
Los delitos contra la integridad sexual implican abusos o ultrajes y también otras conductas, como las exhibiciones obscenas o el grooming. En los Juzgados Correccionales se ven abusos sexuales simples, en las Cámaras de Sentencia en lo Criminal se deben delitos que prevén penas de menos de 20 años. En tanto que los juicios por jurados se llevan a cabo por delitos con penas que prevén condenas de 20 años o más.
Durante 2025, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca registró el ingreso de 139 causas, entre recursos de casación, prisión preventiva o recursos extraordinarios federales. El 80 % de los expedientes correspondían a delitos contra la integridad sexual -es decir, 111 casos-. En lo que va de 2026, esta Sala ya recibió 44 causas; el 75 %, hasta el momento, se debe a estos delitos.
La ministra Fernanda Rosales Andreotti preside la Sala Penal, también integrada por sus pares Hernán Martel y Verónica Saldaño. Reconoció que las causas de delitos contra la integridad sexual son las que más llegan. A la vez, aclaró que suelen llegar casos de homicidios culposos –por siniestros viales fatales- y los homicidios dolosos pero estos son los menos; la tasa suele ser baja en Catamarca.
Con relación a los delitos contra la integridad sexual, indicó que hay un alto porcentaje de abusos sexuales intrafamiliares. Es decir, los acusados pueden ser padres pero también, pareja de la madre, abuelo, tío, hermano o primo. En algunos casos –los menos, advirtió Rosales Andreotti-, las víctimas pueden dar aviso de manera inmediata.
No obstante, hubo un dato que encendió un alerta. “Preocupa la cifra negra. Muchos abusos suelen ser continuados”, señaló.
En este sentido, explicó que algunas ocasiones, al informarse de una situación de abuso intrafamiliar, los fiscales sólo tienen prueba de un solo hecho. No se recaba información sobre situaciones anteriores.
La referente de la Sala Penal destacó que en algunos casos, se observa que niños, niñas y adolescentes tienen un círculo de confianza, sean con sus padres o en las escuelas, donde pueden contar lo que les está pasando. Con frecuencia, se advierte que sobre muchas víctimas pequeñas sobrevuela el miedo: “Mi mamá no me va a creer”, “no quiero causar conflicto con la familia” o “no quiero que mi papá se enoje”. Para la ministra, el miedo es una barrera muy grande.
“Hay muchos casos que no se saben y, en otros casos, las denuncias no son completas; el hecho no está completo. Posiblemente, para ese niño no haya sido el primer ni el único abuso. Aparece en los relatos, que son incompletos o se centran en un hecho particular y no se indaga un poco más o si se indaga, no hay prueba. Queda como un solo hecho”, explicó.
Además, la ministra Rosales Andreotti señaló que los delitos contra la integridad sexual, sobre todo cuando atenta contra niños, niñas y adolescentes, implica una doble diligencia reforzada. Es decir, se exigen actuar con mayor celeridad, exhaustividad y perspectiva de género en la prevención o de niñez y adolescencia durante la investigación, sanción y reparación de la situación.
Sin embargo, advirtió que la debida diligencia reforzada “no es poner todos los tratados en una sentencia y hacer la lista de tratados. Debe estar presente en todo el proceso y, por sobre todo, durante la investigación porque en esta instancia hay que hacer el mayor esfuerzo”.
La referente de la Sala Penal comentó que se comenzó a observar veredictos de absolución tanto en juicios por jurados como en juicios técnicos. Para Rosales Andreotti, “todo está relacionado con el estándar de prueba”. Aunque reconoció que en algunos casos no podrá obtenerse prueba, en otros casos, sí. Siempre hay algo para corroborar.
“Todavía hay sesgos, en todos lados. Está generalizado en la sociedad y los jueces técnicos y los jurados son parte de la sociedad y entran en las dinámicas sociales. Somos personas que vivimos en una sociedad y nos movemos con las dinámicas de la sociedad. Muchas personas cambiaron de perspectiva porque se aprendió mucho con la perspectiva de género y de niñez. Realmente se internalizó. Otras personas se adaptaron”, consideró.
Otro detalle que destacó es el litigio de las partes; no es azaroso. En los casos concretos, en juicios por jurados, el veredicto de no culpable o que un jurado quede estanco se debe a la deficiencia de prueba. Los testimonios de los peritos, muchas veces, son poco claros y no saben explicar. Un perito no puede sacar conclusiones; tiene que explicar y no lo hace.
“La Fiscalía y la defensa se equivocan al no pedir explicaciones porque el jurado se queda con lo último que dice. Hay falta de calidad no sólo en la prueba en sí sino en cómo se la presenta. También hay que tener mucho cuidado, en estos momentos más que nunca. La tarea de los fiscales es reforzada porque la prueba tiene que venir más fuerte hoy, que el contexto es distinto. La perspectiva de género y de niñez no alcanza para condenar sin pruebas. Eso también es peligroso. Esta perspectiva es para hacer las cosas bien, desde el principio para que el caso llegue claro y concreto. Siempre hay contexto, hay conductas que cambian. La debida diligencia reforzada es salir a buscar la prueba”, sostuvo.
Ante este escenario, el abuso sexual en la infancia sigue siendo una de las problemáticas más silenciadas y de mayor impacto en la provincia. Los datos de la Sala Penal reflejan que, lejos de ser casos aislados, se trata de una realidad extendida que el sistema judicial enfrenta a diario.
El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más extrema que niños, niñas y adolescentes pueden sufrir. No obstante, el dato más importante que advierten los profesionales en esta temática es que en la gran mayoría de los casos se trata de abusos sexuales intrafamiliares: padre, abuelo, hermano, tío o primo son los principales sospechosos.
El agresor ejerce un abuso de poder, utilizando la manipulación y las amenazas para generar un profundo sentimiento de culpa y vergüenza en la víctima. Esta dinámica hace que las víctimas tarden mucho tiempo, a veces años, en poder hablar sobre lo que les pasó.
Los expertos advierten que la familia puede convertirse en un ambiente propicio para el maltrato y el abuso. Es por esto que algunos profesionales se refieren a la familia, en estos casos, como una verdadera "prisión".
Por ello, es importante que niños, niñas y adolescentes cuenten con entornos seguros para que puedan contar lo que les está sucediendo, sin miedo ni vergüenza.
Cualquier persona que tenga duda, sospecha o certeza de una situación de abuso puede y debe denunciar. El silencio es complicidad. Los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes son de orden público. El Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes.
La Línea 102 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes funciona las 24 horas, los 365 días. A través de este servicio, se pueden realizar consultas y asesoramiento.