Hace unos días se produjeron incidentes en medio de un desalojo de un food trucks en una plaza de Santa María. Con respecto a esto, dueños de los food trucks involucrados en el conflicto desmienten la versión policial. Las personas fueron recibidas en nuestro diario y decidieron realizar una aclaración. El texto del escrito que dejaron en El Ancasti es el siguiente:
"Violencia institucional sin limites de la municipalidad de Santa María y el personal policial"
"Los propietarios de los trialers desalojados arbitrariamente hacen conocer a la sociedad en general que las acusaciones vertidas por el municipio de Santa María a cargo de la intendente Erica Inga son totalmente falsas ya que los propietarios expresamos que jamás hubo agresiones al personal interviniente en el desalojo, ya que defender el derecho al trabajo aun no constituye delito en la república argentina y por ende lo único que se hizo es defender la única fuente laboral de estas familias".
"A su vez hacemos conocer que jamás hubo orden judicial de desalojo ya que el juzgado de faltas es un tribunal administrativo y no pertenece al poder judicial como así también hacemos conocer que el conflicto se encuentra en vía judicial dependiente de una decisión de la corte de justicia de Catamarca".
"El procedimiento arbitrario e ilegal fue realizado a las 3: 30 de la madrugada de manera clandestina y sin notificación alguna, y cuando se les solicito la orden de desalojo jamás fue exhibida por el oficial delgado a cargo del procedimiento y por la fuerza - se procedió con 40 efectivos policiales y solamente 2 eran efectivos femeninos y trabajadores municipales pertenecientes a la escuela municipal de boxeo “Torito López”, bomberos voluntarios -contra 4 personas (3 mujeres y un jubilado de 80 años) denotando la total desproporcionalidad, en el procedimiento jamás hubo resistencia a la autoridad dado que era imposible hacerlo ya que se puso en marcha todo el aparato estatal y policial ejerciendo una violencia institucional inédita".
"Los propietarios solo grabaron mediante celulares el atropello realizado y para evitar que exista prueba la policía procedió a secuestrar los celulares".
"En el procedimiento se utilizo una mulita o auto elevador que se encontraba con desperfectos técnicos ya que se le salían las uñas de carga y cuando procedió a levantar un tráiler se cayó en el suelo provocando graves daños al mismo, y para evitar las filmaciones del actuar violento e imprudente, personal policial secuestro los celulares de las propietarias y de esa manera interrumpe las filmaciones que acreditan los daños ocasionados a los tráilers".
"No obstante ello son reducidos por la fuerza y esposados sin entender cuál era el delito que se les endilgaba y a base a rodillazos y empujones, improperios verbales y risas burlonas fueron cargados en los móviles policiales. Cabe mencionar que también personal policial ingreso por la fuerza a la camioneta estacionada propiedad de las víctimas y no entendemos a titulo de que se realizo dicho atropello y violación a la propiedad privada".
"Negamos total y absolutamente rociar una maquina con combustible y a su vez atentar contra la vida de un oficial de policía (delgado) a cargo de las actuaciones, el mismo oficial un mes antes dijo que sin orden judicial no podían realizar el desalojo y que “si la tenían nos hacían cagar” y en este procedimiento “tampoco tenían orden judicial y lo mismo nos hicieron cagar” a tres mujeres y un jubilado. Todo esto se encuentra filmado para una posterior presentación judicial".
"Cabe resaltar que tampoco entendemos la participación en el procedimiento de muchos funcionarios como ser el CPN Milton Villafañez Fuentes que se encontraba en el lugar siendo que presta servicios de asesor en la vice gobernación del Ing. Rubén Dusso. Tampoco entendemos la participación de Damián Dioli otro funcionario que nada tenia que ver con el procedimiento, y solo asistieron al mismo a burlarse de las victimas".
"Paralelamente el personal policial no obstante la violencia perpetrada buscaban la detención de las victimas por la tanto dieron participación a la fiscal en turno Gabriela carrizo que hizo caso omiso a las acusaciones policiales, ya que el sentido común indica que 4 personas (tres mujeres y un jubilado de 80 años) no pueden de ninguna manera ejercer violencia contra 40 efectivos uniformados y armados. Razón por la cual no ordeno ninguna medida ya que era evidente la desproporción de las fuerzas y la inexistencia de delito alguno cometido por las victimas".
"No contentos con ello pusieron en marcha el aparato mediático y ensobrado municipal ( canal 3 Tv color Las Lomitas) y de manera sistemática empezaron los embates mediáticos con acusaciones falsas y publicación de imágenes que distorsionan la realidad buscando esmerilar el buen nombre y honor de las víctimas, utilizando las modalidades de perfiles falsos y trolls insultando a las victimas, sin conceder el derecho a réplica. A su vez también empezaron las presiones para que la fiscal actuante emita una orden detención contra las victimas, y de esta manera el municipio busca entrometerse en la independencia del poder judicial intentando quebrantar la división de poderes".
"A su vez desmentimos total y absolutamente que nuestro accionar haya sido premeditado y negligente en virtud de que como señalamos recientemente nos anoticiamos de la medida ilegal por una tercera persona (Evangelina Meléndez) ya que no fuimos notificados, razón por la cual nos apersonamos para ver si era cierto el desalojo ilegal".
"Una vez finalizado el procedimiento fuimos demorados sin saber las razones del arresto y el secuestro de los dispositivos telefónicos, razón por la cual fuimos liberados y cuando estamos saliendo de la comisaria nos damos con que la trafi municipal ya se encontraba a disposición de la policía departamental para ser trasladados gratis a un campeonato disputado en la capital provincial, demostrando la premiación municipal al actuar violento realizado por la policía".
"Consideramos que la violencia perpetrada por todo el aparato estatal mediático y policial violentan toda normativa internacional como ser: la “CONVENCION DE BELEM DO PARA”, la “CEDAW”, “LA CONVENCION SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD”, La ley de protección integral a las mujeres 26.485, cuyos artículos art 6 inc b) violencia institucional contra las mujeres, art 6 inc f) violencia mediática contra las mujeres, art 6 inc i) violencia digital o telemática, toda esta normativa ha sido violada flagrantemente por el municipio de Santa María y la policía departamental".
"Instamos urgentemente a la municipalidad de Santa María y a la policía departamental a capacitarse en la temática de genero y violencia contra las mujeres (ley Micaela) ya que en Santa María reinan los estereotipos y prejuicios de los cuales hemos sido victimas".
