El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, encabeza una investigación de alta gravedad por presuntas torturas y abusos sexuales perpetrados contra cuatro internas alojadas en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Las actuaciones se iniciaron tras una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su rol de mecanismo de prevención de la tortura. A raíz de la denuncia, el Ministerio de Justicia bonaerense dispuso el pase a disponibilidad preventiva de los agentes implicados y procedió a descabezar a la cúpula directiva del establecimiento de encierro.
Los hechos bajo análisis se desencadenaron a comienzos de mes a partir de un altercado físico registrado en un pabellón. Según la denuncia judicial, el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) intervino de manera violenta arrojando gas pimienta, sometiendo a revisiones desnudas a internas frente a agentes masculinos y aislando a las presas. Los testimonios acusan directamente a la jefa del penal, Daiana Balmaceda, y a la subjefa de apellido Villafañe, de coordinar los tormentos que incluyeron golpizas con escopetas, inmersión de cabezas en agua, práctica conocida como submarino húmedo, y abusos genitales explícitos, acompañados por exigencias de sumisión tales como lamer el calzado de las autoridades.
El expediente incorpora como elementos materiales prendas íntimas dañadas por los guardias y exámenes médicos independientes de la CPM que contradicen los informes de sanidad de la prisión. Paralelamente, se sumaron actuaciones por la represión de una posterior protesta en la misma cárcel. Pese a la contundencia de los relatos recabados en diversas unidades, el juez de Garantías Juan Pablo Masi rechazó de forma primaria admitir a la CPM como particular damnificado, medida que ya fue apelada.
