La presentación fue por hostigamiento, abuso de autoridad y trato discriminatorio por parte de superiores.
Denuncia. A autoridades del Servicio Penitenciario Provincial por violencia de género en el ámbito laboral.
Dos mujeres que se cumplen funciones en el Servicio Penitenciario Provincial denunciaron en Fiscalía General por situaciones violencia laboral e institucional, abuso de autoridad, discriminación y violencia de género contra la Dirección del Gabinete Técnico Criminológico. Los hechos habrían ocurrido dentro de la institución penitenciaria. En la ocasión, fueron señaladas autoridades con poder de decisión sobre sus destinos y condiciones de trabajo.
Según se desprende de las presentaciones que se realizaron a mediados de septiembre pasado, las denunciantes describirían un patrón de maltrato que se habría sostenido en el tiempo. Las mujeres indicaron que hubo comentarios hostiles, de tareas ajenas a su función y de cambios de área o de régimen horario que no habrían tenido una justificación formal. También señalaron que, tras capacitarse y obtener títulos profesionales, habrían sido desplazadas de espacios que ocupaban o evaluadas de manera desfavorable sin motivos claros.
Una de las presentaciones plantearía además que esas decisiones habrían afectado su posibilidad de compatibilizar el trabajo con otra actividad laboral, con consecuencias económicas y sobre su descanso. Las dos denunciantes coincidirían en que se trataría de una situación que afectaría con mayor intensidad a las mujeres de la fuerza, aunque también habría personal masculino alcanzado por el mismo trato.
De esta manera, ambas mujeres denunciaron abuso de autoridad a contramano de las normativas vigente en materia de protección contra la violencia hacia las mujeres, que contempla expresamente la violencia laboral e institucional. Las denunciantes habrían solicitado que se investigue el modo en que se tomaron las decisiones que cuestionan.
Más allá del planteo penal, una de las mujeres habría manifestado su intención de que el caso se haga público para visibilizar lo que considera un trato indebido hacia el personal femenino. Según se supo, habría demorado en denunciar por temor a represalias, y otras personas que atravesarían situaciones similares no se habrían animado a hacerlo.
Hasta el momento, al menos una de las denunciantes habría sido convocadas solo por el área de Asuntos Internos de la Policía. En una de esas instancias, la declaración se habría interrumpido por el estado emocional de la mujer que declaraba. Pese a la denuncia realizada, hasta el momento no habría otras citaciones ni novedades sobre el avance de las causas. Ahora, el Ministerio Público deberá tomar las medidas correspondientes.
La Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En el artículo 6 se estipulan los tipos de violencia. En este marco, la normativa indica que se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos.
En el inciso C se estipula sobre la violencia laboral como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.
