La resolución se conoció este martes en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, luego de que el viernes último un jurado popular declarara culpables a los tres imputados por distintos grados de responsabilidad en el hecho.
El tribunal impuso la pena de prisión perpetua a Danna Estrella Martínez y Simón Alcides Toranzo, mientras que María del Valle Villagra fue condenada a tres años y dos meses de prisión, en el marco de la audiencia de cesura por el crimen de Fernando Reyes, ocurrido en diciembre de 2022 en la localidad de La Ciénaga, departamento Belén.
La resolución se conoció este martes en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, luego de que el viernes último un jurado popular declarara culpables a los tres imputados por distintos grados de responsabilidad en el hecho.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para Martínez, declarada culpable por el delito de “homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa, con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautora”, y para Toranzo, hallado culpable por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
En tanto, para Villagra —declarada culpable por el delito de “encubrimiento agravado”— el Ministerio Público Fiscal requirió una pena de cuatro años de prisión efectiva.
Por su parte, la defensa de Villagra solicitó que se le imponga una pena de dos años y cinco meses. En ese marco, indicó que la imputada ya cumplió dos años y 11 meses de prisión preventiva, por lo que pidió que se considere cumplida la condena y se disponga su inmediata liberación.
Durante la jornada, los abogados defensores Víctor García, representante de Toranzo, y Silvia Barrientos, defensora de Martínez, formularon fuertes críticas al desempeño del jurado popular que intervino en el juicio.
Además, la defensa de Martínez solicitó la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas, así como estudios médicos complementarios, con el objetivo de evaluar el contexto de violencia, el daño psíquico y físico y un presunto estado de sometimiento respecto de la víctima.
En ese sentido, tanto la defensa de Martínez como la de Toranzo plantearon la nulidad del juicio por jurados.
