Debido a la Fase Roja por la pandemia de coronavirus COVID-19, debió suspenderse la convocatoria para la elección de nuevas autoridades en la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Una única lista de consenso, encabezada por la actual presidenta Marcia Lozada Figueroa, se había presentado.
La crisis sanitaria también impactó en esta institución. En marzo del año pasado debía concretarse la elección de nuevas autoridades. Sin embargo, tras el decreto de confinamiento por la pandemia, el llamado a elecciones se pospuso, con el permiso de la Dirección de Personería Jurídica. Luego, se fijó una nueva fecha, para hoy. Sin embargo, el efecto COVID hizo mella y la fecha para las elecciones nuevamente se pospuso. De acuerdo con fuentes consultadas por El Ancasti, posiblemente, a finales de la otra semana podría realizarse una nueva asamblea para fijar fecha. Ello depende de la Fase de convivencia que se decrete en el marco de la crisis sanitaria, fundamentalmente.
Al margen de la crisis sanitaria, la Asociación atraviesa por una situación compleja. Varios de sus asociados renunciaron, debido –en gran parte- a la postura tomada por la titular Lozada Figueroa con relación al concurso para la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Como presidente de Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales integra la Comisión Evaluadora para la Selección de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial. Recientemente, la Comisión por mayoría resolvió el orden de mérito para uno de los dos cargos que se concursaban en el Tribunal de Alzada. El segundo cargo fue declarado desierto.
Finalmente, la terna quedó conformada, en orden de mérito, por Mariana Vera, actual defensora Penal Oficial de Quinta Nominación; Ezequiel Walther, quien se desempeña como fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, y Jonathan Felsztyna, fiscal de Instrucción de Novena Nominación.
La Comisión además está integrada por el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno, quien es el presidente de este organismo; Fernanda Rosales, asesora general de Gobierno, y Silvina Fullana, en representación del Colegio de Abogados. El voto de Salerno –quien por su carácter vale doble- fue en disidencia. De haber contado con al menos una adhesión, el concurso hubiera continuado.
Esta situación generó malestar entre magistrados y funcionarios judiciales, habida cuenta que Marcia Lozada, presidente de la Asociación que los representa -que forma parte de la Comisión Evaluadora- no votó en disidencia la resolución del orden de mérito que declaró desierto el concurso para uno de los dos cargos. En este contexto, días pasados se presentó un recurso. En los próximos días, la Comisión se pronunciaría al respecto.
Cada vez hay más tensión, más aún, de cara a las elecciones de nuevas autoridades. En abril último, se conformó la única lista para estas elecciones venideras. El objetivo era establecer la unidad institucional, asentar una nueva entidad, resolver cuestiones académicas y fortalecer el servicio de justicia con nuevas políticas judiciales. En la división de cargos, se dispuso que Lozada Figueroa, “por una cuestión de género” sea presidente y el juez de Cámara Penal, Jorge Palacios, como vice. La lista ya está oficializada y no se puede impugnar, pero algunos integrantes habrían manifestado su intención de renunciar.
Sin embargo, de no concretarse las elecciones, la Asociación podría ser sancionada y, en última instancia, disuelta. De ser así, este organismo ya no formaría parte de la Comisión Evaluadora. Esta situación, sumada a los últimos acontecimientos, pone a la Asociación de Magistrados y Funcionarios en riesgo institucional.
La Asociación, entre otras cuestiones, tiene como fin “propiciar y colaborar en todas las iniciativas tendientes a obtener el constante mejoramiento del Poder Judicial” y “representar a sus Asociados en la defensa de sus intereses legítimos vinculados con su función judicial”.