domingo 15 de noviembre de 2026
FUE CONDENADO A OCHO AÑOS DE PRISIÓN EN 2020

“El Machetero de Los Molle” todavía mantiene el estado de libertad

La defensa casó el fallo y la querella solicitó la inmediata detención. La Corte no hizo lugar a este pedido.

Por Redacción El Ancasti

La Corte de Justicia de Catamarca, si bien resolvió hacer lugar de manera parcial al recurso de casación solicitado por la defensa de Mario Ibáñez, condenado a mediados del año pasado a la pena de ocho años de prisión, el penado aún mantiene el estado de libertad. La querella había solicitado la inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán, pero el máximo tribunal no hizo lugar a este pedido. Hasta tanto el fallo no quede firme, Ibáñez continuará libre. La defensa aún tiene la posibilidad de recurrir a la instancia federal. 

El 12 de junio de 2020, el juez Carlos Moreno de la Cámara Penal de Primera Nominación halló culpable a Ibáñez en dos hechos de “lesiones graves calificadas por violencia de género y “lesiones graves”. En octubre de 2016, Ibáñez agredió a sus tías Irma Irene y Eleodora con un machete en el paraje Los Molle, Santa Rosa. Por la brutal agresión, ganó el mote de “Machetero de Los Molle”.

El abogado Ariel Díaz Sosa, en representación de la querella, consultado por El Ancasti comentó que la Corte de Justicia hizo lugar al recurso de casación aunque de manera parcial. “Es decir, solo se morigeró el resarcimiento económico para una de las víctimas.

Al mismo tiempo, confirmó la condena en todos sus puntos. Habiéndose garantizado la doble instancia del condenado Ibáñez, la querella solicitó la inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario, a los fines de que empiece a cumplir la pena. Aún queda la instancia del recurso extraordinario federal pero consideré que existe el riesgo federal de fuga, de entorpecimiento y de evasión de la pena. Ibáñez cuenta con medios económicos. Tenemos miedo fundado en que puede evadir la pena impuesta una vez que quede firme”, detalló.

Además, Díaz Sosa indicó que, entre otras cuestiones, el pedido se basó en que la madre del penado vive frente a la casa de las víctimas, a poco menos de 30 metros. “Más de una vez vieron a Ibáñez y sintieron temor. Ellas son dos mujeres totalmente vulnerables. Existe una relación de poder entre el condenado y las víctimas, la cual quedó demostrado en el debate y fundamentado en la sentencia condenatoria”, aseguró.

Al mismo tiempo, como precedente, señaló el caso del exintendente Enrique Aybar, condenado a seis años de prisión por “abuso sexual simple agravado por ser responsable de la guarda”. En este caso, valoró, el máximo tribunal ordenó la inmediata detención y posterior trasladado al penal. Según Díaz Sosa, se entendía que por su cargo político podía evadir el cumplimiento de la pena. 
“No se hizo lugar a lo solicitado. Hace tres años, ya había entendido que había violencia de género y peligrosidad por parte del condenado. Va a contramano de lo que dispone la perspectiva de género. Se pide que la Justicia actúe con perspectiva de género; fundamentamos el pedido pero hoy estamos discutiendo si merece la preventiva o no. Este hombre va a seguir en libertad con lo que ello representa y con una condena de ocho años. El hecho fue en 2016 y, a casi cinco años, aún está en libertad”, sostuvo.

Precedente
En mayo de 2018, la Corte de Justicia de Catamarca se expidió sobre este caso por primera vez. En aquella oportunidad, las querellantes habían casado una suspensión de juicio a prueba –probation-. Así, solicitaron que se revocara este beneficio.

Por unanimidad, los ministros de la Corte de Justicia hicieron lugar al recurso de casación, revocaron la resolución impugnada y ordenaron la realización del debate en la misma Cámara Penal. Los ministros fundamentaron que “el tribunal –que concedió la probation- consideró que los hechos de la acusación no constituyen violencia de género, que la calificación legal del requerimiento de citación a juicio no tiene agravante, sin tener en cuenta que esa calificación puede surgir del debate y que, por ello, es necesario realizar el juicio, tal como lo exige el artículo 7 de la Convención citada”.

 

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