domingo 15 de noviembre de 2026
LA DEFENSORA OFICIAL MARIANA VERA PIDIÓ LA INMEDIATA LIBERTAD

“La Justicia por fin se dio cuenta de que fui víctima de violencia”

Fue condenada a 12 años por “homicidio agravado” pero la Corte Suprema dejó sin efecto esa pena impuesta en 2018.

Por Redacción El Ancasti

En octubre de 2016 había discutido con su pareja Gastón Vega y, en un momento dado, lo roció con alcohol, le mostró un encendedor para amedrentarlo y terminó prendiéndole fuego. Él falleció tres días después. Ana María fue imputada por el delito de “homicidio agravado por mediar una relación de pareja”. Hasta último momento, Ana María aseguró que no quiso causar ningún daño, que solo se estaba defendiendo por los golpes que recibía en manos de su pareja y padre de sus hijas.

Al inicio de la causa penal contó con el asesoramiento de la abogada María Carrizo –hoy secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia-. Ana María había denunciado en cuatro oportunidades a Vega por hechos de violencia pero, entonces, la Justicia no la oyó. 

En septiembre de 2018, asistida por el abogado Iván Sarquís y el codefensor Alejandro Bosio, Ana María ocupó el banquillo de los acusados de la Cámara Penal de Segunda Nominación. El 26 de septiembre fue condenada a la pena de 12 años. Si bien se mantuvo la acusación, consideraron que la violencia mediante fue un atenuante para morigerar la pena. 
Sus defensores casaron el fallo de la Cámara. Aunque la Corte de Justicia de Catamarca no hizo lugar, sí admitió el recurso federal. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se expidió. Como primera medida, declaró procedente el recurso extraordinario y “se deja sin efecto la sentencia apelada con los alcances que surgen de la presente”. De esta manera, el expediente retornó “al Tribunal de origen a fin de que por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

En este contexto, la CSJN citó como antecedente el caso de “Cecilia”, condenada por la Cámara Penal de Primera Nominación de Catamarca, en 2008, tras haber sido hallada culpable en el delito de “homicidio simple”. “Según el requerimiento de citación a juicio, aquélla había matado de un puntazo a su concubino. En el remedio federal, la defensa sostuvo que pese a haber descartado la legítima defensa en función de los dichos de testigos, de manera contradictoria, reconocieron que las fotografías incorporadas a la causa y un informe médico daban cuenta de las lesiones que presentaba la imputada”, advirtió en el precedente.

A la vez, se indicó que la Justicia provincial no había cumplido con las pautas de revisión y control de las condenas sentada en la doctrina establecida en el precedente “Casal” “ya que omitió o no consideró debidamente elementos probatorios esenciales para resolver el recurso, como obviar una circunstancia clave para dilucidar el estado físico, en los momentos inmediatamente posteriores al homicidio, de una imputada que decía haber matado sin querer cuando se defendía de una golpiza, lo que no fue analizado ni valorado en su digna dimensión”.

Tras el fallo de la CSJN, la defensora penal oficial Mariana Vera, designada a tal fin, solicitó la inmediata liberación. El caso de Ana María se convirtió en un caso emblemático. En abril de 2019, el secretario de la Corte Sebastián Lípari publicó en la revista de Asociación Pensamiento Penal un análisis sobre “Legítima defensa en un contexto de violencia de género”.

La espera
Anoticiada de las buenas nuevas, Ana María expresó que desde hacía casi cinco años esperaba este momento. “Lo único que quiero es poder salir, disfrutar con mis hijas, hacer todo lo que me perdí de ellas. La Justicia por fin se dio cuenta de que soy inocente y fui víctima de violencia de género”, comentó.

Ella es una mujer migrante, sola en una provincia lejana a su Paraguay natal, madre de dos niñas pequeñas. “Un día estaba bien y al otro día no sabía lo que me esperaba. Volvía de trabajar y no sabía si me esperaban golpes y maltratos de todo tipo y aguantarme una y otra vez y otra vez. Mis hijas veían todo lo que me hacía. Era día a día, no saber si seguía viva o no. Lo metían preso dos días y cuando salía era peor”, detalló. Ahora, siente que hay esperanzas. “Me dieron una oportunidad más y acá estoy, de pie”. Como sobreviviente de la violencia, animó a los mujeres que están en este contexto que “no se queden calladas. Salgan y denuncien todas las veces que sea necesario porque se puede salir”.

Un largo 
camino lleno de piedras

Su abogado defensor Iván Sarquís, en la instancia de alegatos, había considerado que hubo un primer error en la investigación, relacionado con el encuadre. “Hubo hechos de violencia, consuetudinarios y acreditados”, había indicado. Tales hechos fueron denunciados en su momento. “Quedó demostrado el derrotero que tuvo con su marido. Ana María es víctima de violencia de género. Denunció a su pareja en cuatro oportunidades, hasta que dejó de denunciar. Ana María, con este caso, es un fiel ejemplo de la incapacidad del Estado de brindar, ante la problemática de violencia de género, una respuesta oportuna, adecuada, que permita a las mujeres, a las víctimas, salir de esta situación. Esa incapacidad del Estado nos llevó a esta situación donde hoy es el mismo Estado, que en su momento no supo dar una respuesta, quien tiene que definir si Ana María va al encierro de por vida. Eso nos parece injusto”, había expresado.
Reconoció que Ana María estuvo ante una situación ilegítima; que la violencia de género no es causal de justificación pero la omisión generó esta situación. Como corolario en su alegato, citó las que tal vez fueron las últimas palabras de Gastón Castro, quien las manifestó en la ambulancia del SAME mientras lo llevaba, malherido, al Hospital San Juan Bautista. “Es todo mi culpa. Dios me castigó. Por eso no la voy a denunciar”, recordó que llegó a decir la víctima.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar