Los abogados Sebastián Ibáñez y Daniel Depratiz, quienes fueron imputados por el delito de "estafa en grado de tentativa" por "truchar" una cédula judicial, fueron indagados la semana pasada. El primero de ellos solicitó realizar el procedimiento con la presencia de un juez. Ambos se abstuvieron de declarar. El hecho salió a luz semanas atrás cuando se conoció la imputación realizada para ambos, quienes quedaron comprometidos porque, supuestamente, habrían "falsificado" una cédula de notificación de una Fiscalía Penal para presionar a un cliente para que pagara una suma de dinero.
El fiscal de Instrucción N°1, Federico Maturano, les imputó el delito de "estafa en grado de tentativa". Depratiz en calidad de autor e Ibáñez como partícipe necesario. Ibáñez realizó el procedimiento con la presencia del juez de Control de Garantías N°1, Héctor Rodolfo Maidana, por pedido expreso del imputado. Igualmente se abstuvo de declarar. Depratiz, por su lado, lo hizo solo ante el fiscal y también decidió guardar silencio.
En julio de 2017, el exfiscal de Instrucción N°7, Miguel Mauvecín, investigaba una causa de abuso sexual que tenía a un individuo detenido. Fue la madre de este sujeto quien terminó como damnificada de ambos abogados hoy procesados.
Igualmente, las intenciones de los letrados no se cumplieron porque el fiscal tomó conocimiento, por parte de la mujer, de que ellos le habían solicitado dinero asegurándole que tenían influencia con el fiscal del caso. También le habrían manifestado a la mujer que Mauvecín les había expresado que efectuaran un pedido de caución. Por tal motivo le exigían la entrega de $10.000. La madre del detenido no solo le relató al fiscal sobre lo que le habían manifestado sus abogados, sino que le mostró la fotografía de una cédula de notificación que supuestamente había sido emanada por la Fiscalía N°7. En la cédula (en vez de Miguel decía Víctor Mauvecín), se "emplazaba" al acusado y a su defensor "para que en el término de 48 horas presenten el pedido de sobreseimiento". Si el acusado no cumplía con esa solicitud "será enviado a juicio oral con su inmediata detención", rezaba el documento falsificado.
De inmediato Mauvecín realizó la denuncia penal en Fiscalía General. La investigación y posterior imputación fue realizada por Maturano. El escenario armado por los abogados no se condecía con la realidad, ya que no existía ninguna orden de excarcelación, ni tampoco había sido pedida la elevación a juicio.
