Los seis años transcurridos desde aquel 23 de enero de 2014 en El Rodeo, Ambato, y la ausencia de respuesta por la parte de la Justicia a familiares de las víctimas y a la sociedad fue el párrafo más importante de los fundamentos dados a conocer ayer por la Cámara de Apelaciones en relación con el fallo de la semana pasada en el que, por unanimidad, el tribunal subrogante del Tribunal de Alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal Jonathan Felsztyna y las defensas de los imputados revocando el dictamen del juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña.
En los fundamentos, los jueces Patricia Olmi, Rolando Palacios y Marcelo Soria señalaron que "del examen de las piezas procesales como de las constancias en autos, no escapa a este Tribunal que desde el 23 de enero de 2014 hasta la fecha han transcurrido más de 6 años sin que hasta el presente se le hayan dado respuestas a los familiares de las víctimas y a la sociedad en su conjunto, en torno a lo sucedido y a las eventuales responsabilidades que emergen de aquel acontecimiento histórico disvalioso”.
Asimismo, señalan que "en este orden de ideas, cabe enfatizar que la existencia de un plazo razonable de duración del proceso (...) exige e impone resolver de inmediato la situación procesal de las personas sometidas a proceso. Y, de esa manera, evitar que sean mantenidas indefinidamente en un estado de incertidumbre. Pero también, en el aludido plazo, importa para las víctimas que la Justicia investigue y en su caso sancione a los responsables en un tiempo adecuado, a fin de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos produzcan la impunidad y con ello la frustración de su derecho a la protección judicial", puntualizaron. E inmediatamente después la resolución señala que, por lo expuesto, "el señor Juez de Control de Garantías, en el plazo de 20 días, a contar desde que quede firme la presente, deberá resolver la situación procesal de los imputados".
En este sentido vale destacar que Acuña tuvo en sus manos el expediente alrededor de ocho meses para dictar una resolución, situación que fue ampliamente cuestionada por las partes al momento de los alegatos en la audiencia de Apelaciones realizada el 10 de agosto pasado.
Fiscalía Al referirse a las razones que señaló el juez de Control de Garantías, Ramón Porfirio Acuña, para dictar la nulidad de lo realizado por el representante del Ministerio Público Fiscal, Jonathan Felsztyna, señalaron que "entiende este Tribunal que existe por parte de aquél (del juez) una interpretación errónea en torno a lo que dice que sostiene la Cámara Apelaciones. En efecto, este último Tribunal, respetuoso del sistema acusatorio (...), pone de resalto las atribuciones que el Fiscal de instrucción tiene en la investigación a su cargo pero de ninguna manera pretendió invadir o imitar la competencia material del representante del Ministerio Público Fiscal. No debía porque lo sabía y por eso no lo dijo. Entonces, el funcionario judicial a cargo de la investigación no incumplió lo dispuesto por la Cámara de Apelación en lo Penal. En todo caso, en la esfera de sus atribuciones, y dentro del plazo que este Tribunal dispuso, formuló su dictamen", puntualizaron.
Asimismo, destacan los jueces que Acuña destaca en su autointerlocutorio que "existió de parte del actor penal (el fiscal) total inobservancia de los principios de celeridad, economía y simplificación procesal. Esta afirmación no encuentra respaldo en las constancias que esplenden del legajo del examen, toda vez que el titular de la investigación concluyó su tarea dentro del plazo de 45 días que le había fijado la Cámara de Apelación", finaliza.
Lo realizado por el Fiscal Penal
En cuanto a que Acuña entiende que la investigación penal preparatoria se encontraba total y absolutamente agotada (...), afirmación que objetaron los apelantes, los jueces señalaron que “solo la investigación quedará clausurada cuando se dicte el decreto de remisión a juicio o quede firme el auto que lo ordene. De modo que en función de lo señalado, la investigación no se hallaba agotada desde el punto de vista procesal y podía, en consecuencia, el Fiscal de Instrucción ejercer sus atribuciones probatorias, en su caso, coercitivas, en el marco de la investigación que lo tenía como titular.
Señala el Tribunal de Alzada que el fiscal, luego de producir "la modificación del decreto de determinación del hecho, (...) tampoco las partes se pronunciaron en contra del decreto ni postularon vulneración de derecho alguno”. Esto en relación con lo expuesto por una de las querellas.
Finalmente, el Tribunal, señala en su análisis que "no se advierte que haya existido extralimitación o abuso funcional por parte del actor penal (el fiscal)”.
