Representantes de Vialidad Nacional ampliaron ayer la denuncia contra la empresa salteña "Campo de los Pozuelos S.A.", tras acreditarse que además de construir un acceso ilegal desde a ruta nacional 40, avanzó sobre la zona de camino propiedad del Estado nacional.
La ampliación de la denuncia fue realizada en el Juzgado Federal y fue acompañada por material fotográfico que demuestra que la empresa, cuyo titular es Federico Mena Saravia, corrió deliberadamente el alambrado a tal punto de dejar dentro de su propiedad un monolito que construyó la Municipalidad de Hualfín a pocos metros del acceso principal a esa localidad del norte de Belén.
La acción denunciada incluyó la colocación de una tranquera con un cartel que advierte que no se puede ingresar por tratarse de una "propiedad privada".
El nuevo acceso no tendría otro fin que eludir los controles sanitarios dispuestos por parte del municipio de esa localidad con motivo de la pandemia de COVID-19, ya que está situado a apenas unos doscientos metros del ingreso principal a la localidad de Hualfín, por el que se accedía habitualmente a la finca de los propietarios salteños.
La decisión de construir un nuevo camino de ingreso a la finca de vides, presuntamente, fue motivada por la negativa de la empresa a someterse a los protocolos sanitarios que se dispusieron por parte de las autoridades sanitarias provinciales y municipales, que incluyen la imposición de medidas de aislamiento para toda aquella persona que ingresa a Hualfín proveniente de otras provincias.
A fines de mayo ya se produjo un conflicto entre los propietarios de la firma y la Municipalidad de Hualfín, a cargo del intendente Marcelo Villagrán, cuando los primeros alegaron ante la Justicia que no se les estaba permitiendo la libertad de trabajo. Ahora, la Justicia Federal resolvió que los trabajadores salteños podrán ingresar a Hualfín, pero que si permanecen más de doce horas deberán someterse a los protocolos sanitarios oficiales, es decir cumplir con un tiempo establecido de aislamiento obligatorio.
Vialidad se limitó a señalar que la construcción del nuevo acceso no cuenta con su autorización, tal como lo establecen los artículos 23° y 27° de la Ley Nacional de Tránsito, que señalan, entre otras cosas, que “toda construcción a erigirse en zona de camino debe contar necesariamente con la autorización de la Dirección Nacional de Vialidad, prefijando y limitando los destinos para los cuales las construcciones en el citado sector podrían ser autorizadas, y siempre resguardando el principio de que no constituyan un obstáculo o peligro para la fluidez del tránsito…”.
El ente vial asegura que la firma destruyó el alambrado perimetral que delimita la zona de camino y modificó el escurrimiento natural del río La Colpa.
