El Tribunal de Enjuiciamiento declaró "admisible" la denuncia presentada contra los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, quienes están sospechados de haber cobrado una coima para votar a favor de la excarcelación de una persona que estaba con prisión preventiva.
Tal como estaba previsto, a las 11 se reunieron los integrantes del Tribunal del Jury en el despacho de Vilma Molina, la presidenta del Tribunal. Además de Molina estuvieron los legisladores Augusto Barros, Raúl Chico, Juana Fernández y las representantes del Colegio de Abogados, Diana Abrevaya y María Antonia Rojo.
Pasado el mediodía, los integrantes salieron de la reunión y se confirmó que se declaró la admisibilidad de la denuncia. Los jueces señalados tienen un plazo de diez días hábiles para presentar un descargo por escrito. Luego se corre vista al fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, quien deberá emitir su opinión. Posteriormente, el Tribunal dispondrá de diez días más para resolver si se lleva adelante el juicio político contra Da Prá y Morales. Del primero se confirmó ayer que no pidió licencia.
Declaraciones
Como ocurrió tras la primera reunión del martes, quienes hicieron declaraciones a la prensa fueron los tres legisladores, quienes aclararon cómo continúa el proceso.
"Se gira al fiscal para que dé su opinión y a las partes para que hagan su descargo" señaló el diputado Barros.
"La resolución establece que fue admitido el informe que fue enviado desde la Corte al Jury de Enjuiciamiento para que se corra traslado a las partes y a quienes están sujetos a investigación y al fiscal correspondiente", explicó el legislador del Frente de Todos.
"No se puede en esta instancia tomar una medida cualquiera fuera, sería ponernos en evidencia sobre cualquier adelantamiento de opinión, que no podemos hacerlo. No podemos hacerlo hasta que ambas partes no hayan contestado su opinión", dijo acerca de la no suspensión de los camaristas.
El artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento de Magistrados Judiciales y miembros del Ministerio Público sostiene que "si se la considera en principio admisible, el tribunal en la misma resolución mandará correr traslado al acusado para que efectúe por escrito su descargo en el plazo perentorio de diez (10) días. Una vez producido el descargo o vencido el plazo para ello, dentro de los diez días subsiguientes y previa vista fiscal, declarará por resolución fundada si corresponde el enjuiciamiento del acusado".
La investigación penal
En forma paralela se desarrolla la investigación jurisdiccional que es llevada adelante por el juez de Control de Garantías N° 3, Porfirio Acuña. El magistrado tiene un plazo de dos meses para determinar si se archiva la denuncia o si se solicita el desafuero para que un fiscal de instrucción lleve adelante la investigación penal preparatoria contra ambos.
El escándalo en el Poder Judicial se suscitó el lunes al mediodía tras la viralización de un video en el que supuestamente Da Prá y Morales reciben una abultada cifra de dinero a cambio de revocar la excarcelación de una persona que está con prisión preventiva.
La Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública abrió una investigación de oficio y el jueves giró las actuaciones al juez Acuña.
