Una de las escenas quizá más recordadas de las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri, es aquella que muestra una moto de la Policía Federal en el momento en que aplasta, que pasa literalmente por encima, de Alejandro “Pipi” Rosado, un cartonero que estaba trabajando muy cerca de donde se desarrollaba la protesta.
Casi tres años después, el Tribunal Oral Federal 3, condenó a tres años de prisión al policía Dante Barisone que dejó a Rosado con heridas severas y de lenta recuperación. La sentencia lo consideró culpable del delito de lesiones graves calificadas por el abuso de su función como policía y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por seis años.
Rosado tuvo lesiones graves en sus costillas, espalda y la pierna izquierda, lo que le representaba la imposibilidad de volver a trabajar por largo tiempo. Estuvo en el Hospital Argerich y en el sanatorio IART. Cuando el juez Sergio Torres todavía ocupaba uno de los doce juzgados federales de Retiro (ahora integra la Corte bonaerense), mandó a identificar al policía que había aplastado al cartonero y ordenó su detención.
Barisone, que integraba la División Operaciones Grupo Motorizados de la Federal, fue identificado y estuvo preso hasta fines de 2019. Si bien la pena a tres años que le pone el tribunal es de cumplimiento efectivo, ya obtuvo la libertad condicional por el tiempo transcurrido. En rigor, el juicio iba a comenzar el 15 de noviembre del año pasado pero su defensa pidió que el proceso se convirtiera en un juicio abreviado. Es decir, Barisone aceptaba su culpabilidad a cambio de una pena morigerada. El fiscal Juan García Elorrio lo admitió, y aunque la querella de Rosado se opuso, el tribunal consideró que no había impedimentos. Con la pandemia de por medio, la sentencia se fue postergando. Lleva la firma de los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni.
La abogada Gabriela Carpineti y su colega Nicolás Rechanik, que representaron la querella de Rosado, ponen el acento en que la condena reconoce que se trató de un caso de violencia institucional, con responsabilidades también civiles y políticas. Carpineti, que en la actualidad es Directora de Acceso a Justicia (del Ministerio de Justicia), destacó que en el propio relato de Barisone al momento de ser indagado, dejaba en evidencia las condiciones en las que se hizo el operativo y en las que trabajaban los agentes. “Dijo que era la primera vez que estaba en una manifestación, que le dieron una moto que no sabía utilizar, que había directivas de reprimir, no precisamente de disuadir pacíficamente a los manifestantes –recordó Carpineti--. Es relevante que esto figura en el fallo porque da cuenta de que se reprimió con agentes sin preparación y con directivas de atacar. Los manifestantes estaban desarmados y fueron provocados por las fuerzas de seguridad. Esto establece posibles responsabilidades respecto de los funcionarios del Ministerio de seguridad, que estaba a cargo de Bullrich y de quienes encabezaron el operativo represivo”. Ahora Rosado podrá iniciar, además, una demanda civil.