La fiscalía penal de Cañuelas investigará por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público" a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, y un funcionario del cuerpo de Bomberos, a raíz de la muerte de cuatro jóvenes y las graves heridas sufridas por una quinta víctima tras la persecución policial a los tiros ocurrida el 20 de mayo.
La medida fue adoptada por el fiscal Lisandro Damonte, quien también investigará por el mismo delito a Nelson Julio Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal. La abogada Dora Bernárdez, que representa a la familia del adolescente fallecido Gonzalo Domínguez, indicó que el giro en la causa obedeció al testimonio de un "testigo de identidad reservada".
"Este testigo reconoció que, luego de reunirse con el comisario Julio Minucci y un médico del SAME, el señor Nelson Barrios dio la orden de levantar el cuerpo fallecido. Junto a este hay otros testimonios que hablan de que se limpió el lugar y no esperaron a la llegada de la policía científica", afirmó la letrada, en diálogo con el canal TN.
En un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se expidió sobre las novedades judiciales: "La trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e incluso la anuencia de la intendenta Mayol". En calidad de patrocinante de dos de las familias de las víctimas, la CPM había pedido que se investigara penalmente a la jefa municipal, solicitud que fue apoyada por los demás particulares damnificados. El fiscal resolvió iniciar una causa por separado para determinar si Mayol y Barrios "conocían o fueron parte de las acciones corporativas de encubrimiento que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial en el hecho".
Sin embargo, por ahora sobre los imputados mencionados no hay indicios de encubrimiento, un tipo de delito sobre el que pesa un castigo penal mayor, aunque sí existe un posible incumplimiento de deberes en el rol. Los cinco adolescentes que iban en el Fiat Spazio chocaron contra el acoplado de un camión estacionado en la Ruta 3, en San Miguel del Monte. Al momento de la colisión, las víctimas eran perseguidas a los tiros por al menos un patrullero de dicha ciudad. Las autopsias revelaron que si bien cuatro de los cinco jóvenes murieron a raíz de las lesiones producidas por el impacto, uno de los fallecidos también presentaba una herida de bala en un glúteo.
Por esa participación, en la causa están procesados con prisión preventiva unos diez ex policías bonaerenses y el ex secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez, acusados por la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13).
Los expolicías están procesados por "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa".
