La inseguridad todos los días registra hechos, algunos más violentos que otros, pero siempre surgen algunos que resultan anecdóticos. Fuentes consultadas por El Ancasti en la Fiscalía Penal advirtieron que en los últimos meses de observa un incremento de delitos cometidos por personas que hicieron valer su Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según se indicó, todas las semanas se registran entre dos o tres hechos de personas con discapacidad acusadas de haber cometido un ilícito. Por lo general, se trata de delitos contra la propiedad.
En ocasiones, se advierte que los acusados son personas que tienen algún retraso madurativo o tienen diagnóstico de algún padecimiento mental, como esquizofrenia u oligofrenia –una discapacidad mental grave que se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo intelectual y alteraciones del sistema nervioso-. Cuando son aprehendidos, exhiben el CUD, el documento y muestran su medicamento. “Sacan el carné como si fuera ‘el ancho de espadas’ y se lo pegan en la frente”, comentaron.
Sin embargo, se aclaró que una persona con un diagnóstico de esquizofrenia puede llevar una vida normal, incluso puede cometer delitos de todo tipo. Por ello, se realizan las pericias psiquiátricas a los fines de determinar si comprende o no la criminalidad del acto.
“No hay impedimento para el delito pero sí o sí se realiza la pericia psiquiátrica con una opinión calificada”, se remarcó.
Alojamiento
En este sentido, se destacó que al momento de ser alojados en un calabozo se deben tener en cuenta si están en condiciones para tal alojamiento. Algunos acusados consumen medicamentos, otros suelen tener convulsiones y también puede tratarse de una persona con una discapacidad motriz; para este último grupo, entre otras cuestiones, se debe tener en cuenta que haya baños adaptados. En caso de que las condiciones edilicias no estén dadas para ser alojados en una comisaría, la opción más viable es el arresto domiciliario.
“Aún con sus limitaciones pueden cometer delitos. El arresto de efectúa en el domicilio o en un centro de salud”, señalaron.
En este punto, surge otro inconveniente: algunos acusados no tienen familiares o su familia no está en condiciones para darles alguna contención. Se forma un círculo vicioso.
Entre los delitos, la gran mayoría son robos y hurtos, muchas veces cometidos bajo la modalidad “mechera”. Se debe tener en cuenta que una persona con una discapacidad motriz tiene limitaciones para la huida, por ejemplo.
Algunos de los acusados son consuetudinarios; no se advierte una franja etaria, dado que se registra de todo tipo de edad “y hay paridad de género”; es decir, se trata tanto de hombres como de mujeres. “Siempre están con el carné encima”, advirtieron. Pese a ello, algunos acusados en breve podrían ser juzgados.
María Luisa Moreno (foto), delegada en Catamarca del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), comentó que existe una diferencia entre ‘discapacidad’ e ‘incapacidad’. A la vez, remarcó que muchas veces se suele estereotipar a las personas con discapacidad en una situación de lástima.
En este sentido, comentó que de acuerdo con la Convención de las Personas con Discapacidad, éstas son sujetos de derecho. También indicó que suelen tener distintos niveles de conciencia. Algunas pueden entender sobre la criminalidad de un hecho y otras no. “La discapacidad está sujeta a derechos. Son personas como todos y deben saber las consecuencias de los delitos”, sostuvo.
No obstante, aclaró que deben estar dadas las condiciones para su alojamiento en las comisarías. Estos edificios deben contar, entre otros detalles, con baños adaptados para personas con discapacidad motriz.
Capacitación
Al mismo tiempo, comentó que tanto la Policía como la Justicia deben capacitarse para tratar con personas sordas porque no siempre se logra conseguir un intérprete de señas para tomarles algún testimonio.
María Luisa indicó que las personas sordas pueden emitir sonidos aunque no se escuchen. Recordó que en una ocasión hubo un inconveniente con unos uniformados que vieron en la calle a dos personas que hablaban en lenguaje de señas. Los policías malinterpretaron las señas y los sonidos; decidieron intervenir, las llevaron demoradas a la comisaría y debieron buscar a un intérprete de señas para aclarar la situación.
Hace unos meses, la Escuela de Capacitación Judicial de la Corte de Justicia realizó un curso de lenguaje de señas para los empleados de ‘mesa de entrada’ de las distintas reparticiones.
