2 de agosto de 2019 - 19:45
La justicia postergaría una vez más los debates por dos causas históricas en la provincia, que llevan años sin resolución. Se trata del "megafraude” de las fundaciones y la causa de las compras directas.
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Dos juicios que esperan más de 15 años sufrirán una nueva postergación
Se trata del "megafraude” de las fundaciones y la causa de las compras directas.
En las últimas horas, se presentó un escrito en la secretaría de la Cámara Penal Nº 1, que tiene la presidencia del doctor Fernando Esteban, en la que uno de sus integrantes, Jorge Álvarez Morales, presentó la dimisión para integrar dicho tribunal por problemas de salud y por una supuesta amistad que tendría con alguno de los imputados.
En tal sentido, el presidente deberá convocar nuevamente a un juez subrogante para que integre el Tribunal. Esto hace prever que el juicio en la causa del “megafraude” se va a suspender, otra vez.
Al mismo tiempo, la causa de las compras directas, que tiene como imputados entre otros al ex ministro de Salud, Pablo Doro, y al ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán, también sufriría postergación. Esto debido a que se giraron los pliegos para que el doctor Miguel Mauvecín pueda cubrir la subrogancia del fallecido Ruben Carrizo.
Así, estos episodios que ya llevan más de 15 años de discusiones, seguirán sin sentencia.
CAUSAS
La denuncia por el “megafraude” de las fundaciones se realizó en 2004 a partir de una publicación de El Ancasti y recién en abril de 2016 fue elevaba a la Cámara Penal Nº1 para que vaya a juicio.
En esta causa se investiga la responsabilidad de ex funcionarios del gobierno de Brizuela del Moral, empleados del Estado y empresarios por la contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se concretaban sin el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de dinero.
Son 10 los imputados por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, con distintos grados de participación. Entre ellos está el ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina y los titulares de las fundaciones involucradas. La imputación alcanza también a una ex empleada de Desarrollo Social, María Barros de Voget, y a ex funcionarios del Ministerio de Hacienda que habrían colaborado en la trama para favorecer los pagos: Guillermo López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana de la Colina y el ex contador de la Provincia Juan Barrios.
Las compras directas
La causa las compras directas también se inició en 2004 por una denuncia del entonces diputado Fidel Sáenz. Es que en la gestión de Brandán se ejecutaron compras directas por $27 millones para asistencia social y más del 73% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales se había constituido poco antes de empezarle a vender al Estado y el resto se habían resuelto en los últimos 35 días de Brandán como funcionario. La investigación recayó en las ex fiscales Patricia Olmi y Elizabeth Cabanillas.
En 2005, la mayoría del FCS en la Cámara de Diputados rechazó el desafuero en contra de Brandán planteado por el ex juez Jorge Palacios. Brandán dejó la Cámara baja en 2009.
En diciembre de 2010 la causa pasó al fiscal Ezequiel Walther, que la elevó a juicio por primera vez en junio de 2012. La decisión la ratificó el juez Porfirio Acuña en abril de 2013.
En octubre de 2014 la causa se volvió a elevar a juicio. La medida fue rechazada por la defensa de los imputados, pero se confirmó el 15 de junio. Aunque nunca hubo resolución.
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